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Con una aparatosidad inusual, alrededor de 500 efectivos de la Policía Nacional se aprestan a desalojar de sus tierras a más de 120 familias menonitas bolivianas de la colonia Valle Verde, en la zona de Quimome, del municipio de San José de Chiquitos. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) acusó a la colonia de ser extranjeros y de ingresar ilegalmente en tierras fiscales otorgadas en calidad de usufructo al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf).

Se trata de 2.000 hectáreas en disputa que ya están trabajadas por los menonitas, quienes alegan que tienen permiso de asentamiento desde 2016 y dicen que, por el contrario, el año 2021 comunidades campesinas de los denominados interculturales se asentaron sobre los sembradíos.

Los policías están listos para ingresar en los predios, acompañados de interculturales y dirigentes de la Federación de Campesinos.

Según un abogado de la colonia, los menonitas habitan el lugar desde hace más de 10 años y han seguido legalmente el proceso correspondiente ante el INRA donde, sin embargo, nunca se les ha dado cabida por las pretensiones de las organizaciones de campesinos e interculturales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

En tanto, dirigentes políticos de oposición juzgan que están revirtiendo esas tierras para entregárselas a los movimientos campesinos aliados del MAS. La diputada María René Álvarez, de la agrupación Creemos, criticó que el Gobierno no hubiera enviado un contingente policial de esa magnitud para aprehender a los delincuentes encapuchados y armados que secuestraron a periodistas y otras personas en Las Londras.

También dirigentes cívicos de San José manifestaron su rechazo a las acciones impulsadas por el INRA y anunciaron que defenderán a los menonitas para impedir que las tierras lleguen a manos de militantes del MAS.

Los menonitas son de origen extranjero, pero hace ya varias décadas que adquirieron la nacionalidad boliviana y hacen parte del conglomerado humano del departamento de Santa Cruz. Dicho de manera popular, se puede considerar que hay menonitas que son más cambas que la yuca. En ese sentido, se puede interpretar este avasallamiento como un nuevo atropello contra Santa Cruz, que pretende, también una vez más, continuar poblando la región con campesinos de regiones de occidente.

La estrategia no es desconocida para nadie: se trata de dar tierras a los militantes del MAS, así se pagan deudas políticas con ellos, y se garantiza que en los procesos electorales la tendencia de votación se vaya invirtiendo para que la votación del MAS crezca gracias a los beneficiados trasladados de otras tierras.

Además, y en simultáneo, con estos atropellos avalados por las instituciones del Estado dedicadas a la administración de las tierras, el país da muy malas señales de inseguridad jurídica y abusos cometidos con uso de la fuerza pública.

¿Por qué no actúa el INRA y la Policía Nacional con la misma contundencia cuando los aliados del partido de Gobierno secuestran personas y toman tierras de empresarios que estaban en producción como es el caso de Las Londras? ¿Qué hizo el Gobierno en el caso del puente ilegal sobre el río Parapetí? En casos así, las autoridades responsables prefieren mirar a otro lado y dar el mensaje de que no es con ellos la solución de temas donde están involucrados los aliados políticos del MAS.

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