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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado el nuevo padrón que se utilizará para las elecciones del 18 de octubre próximo, que habilita a 7.031.294 votantes en territorio boliviano y a 301.631 en el exterior.

El informe presentado la noche del martes por el Órgano Electoral señala que 453.305 votantes fueron depurados desde 2009 en territorio nacional, de los cuales 73.238 han sido depurados en la gestión 2020 dentro del país y 349 fuera de las fronteras.

El número de ciudadanos inhabilitados para votar el 18 de octubre alcanza a 187.166 personas, de las cuales 50.634 están en el exterior. Los nuevos votantes habilitados que votarán por primera vez son 239.058 en el país y 11.747 en el exterior.

Dentro del proceso de saneamiento que desarrollaron los actuales vocales del Tribunal, se disminuyó el caso de observados de 48.749 detectados en 2017 a 1.342 el año 2020. Eran casos de ciudadanos distintos que sin embargo compartían los mismos números de cédula de identidad, lo cual provocaba una de las muchas distorsiones en un padrón que más de una vez se calificó, en el pasado, de poco confiable.

Con esos números el país asistirá dentro de poco menos de un mes a las elecciones quizá más disputadas de la era democrática boliviana tras la derrota de las dictaduras militares, en 1982, y a diferencia de los recientes tres lustros, podría decirse que esta vez el país tendrá un padrón más transparente que los que se utilizaron en los procesos de la era Morales.

Todos sabemos que una parte importante de la explicación de los fraudes electorales radica en la composición del padrón; por esa razón se decía -y en muchos casos se confirmaba, aunque suene extraño decirlo- que los muertos ‘votaban’ en los comicios.

En octubre por fin votarán solo quienes tienen que votar y eso le dará un nivel de confiabilidad alto al proceso.

En este proceso fue determinante el papel del presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, que pese a ser frecuente blanco de las críticas -más por los rasgos de su personalidad poco amigable con la improvisación y a la vez alejada de las estridencias, que suelen no ser del agrado de las expectativas mediáticas- ha demostrado un trabajo silencioso pero efectivo para darle más garantías al proceso que está bajo su dirección. No es para menos, el hombre está poniendo en juego su nombre y apellidos en ello.

Al final eso es lo que importa: el país no necesita vocales locuaces, ni mucho menos serviles al poder político, como ocurría en el anterior ciclo, sino funcionarios responsables, confiables e imparciales, condiciones que sensiblemente habían desaparecido en nada menos que el gran árbitro de la democracia y en los momentos en que el pueblo elige a sus gobernantes.

Esas condiciones, a las que se sumarán las misiones de observadores de países amigos, que también han demostrado ser muy necesarias para garantizar elecciones limpias, parecen levantar ante la mirada de los bolivianos un horizonte de mayor esperanza, que en un tiempo de pandemia como el actual será más necesario que nunca para alentar a los ciudadanos habilitados a concurrir a las urnas, tomando todas las precauciones de bioseguridad necesarias, ejercer su derecho al voto y darle al país una nueva estabilidad para los próximos cinco años.