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Nulidad de las elecciones del 20-O

José Luis Santistevan J 31/10/2019 03:00

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 Una auditoría debe realizarse para comprobar el cumplimiento de normas y detectar las irregu­laridades de un proceso admi­nistrativo.

En materia electoral determina la comisión de delitos electorales y la nulidad de los ac­tos, que en este caso proviene de la autoridad electoral. 

Realizar al proceso electoral 20-O una auditoría con el actual TSE, que ya contaminó, limpió y saneó el fraude, es como si el acu­sado sea el que se investigue y el gobierno sea el juez. La revisión de un acto electoral

 puede determinar la nulidad del acto, la segunda vuelta solo sería una salida política a un proceso viciado de nulidad de principio a fin. La nulidad conlleva a una nueva elección de todas las au­toridades. Bases para declarar la nulidad de las elecciones 20-O por viola­ciones cometidas por el TSE: 

1. El cómputo realizado por el TSE y la lectura final de resulta­dos, publicados exprofesamente para aplicar el principio de pre­clusión y consolidar el fraude, ha sido realizado violando los principios de publicidad y trans­parencia conforme al art. 232 de la CPE y el art. 2 inciso l) de la ley 026 y art. 4 inciso c) y m) de la ley 2341. Lo que hace nulo el acto de cómputo de votos.

2. En tribunales departamenta­les, ejemplo Potosí y Chuquisaca, se violó el procedimiento de cóm­puto establecido en la ley 026, por varios elementos:

a) No se prote­gieron las actas y sus traslados incluso se dispuso su “custodia y protección” en casas particula­res, b) El cómputo no se realizó en acto público con presencia de delegados y misiones internacio­nales, c) No se verificó de oficio las causales de nulidad de las actas y sus resoluciones y d) Existen actas con vicios de nulidad por­que no llevan las firmas y huellas mínimas de 3 jurados que sean parte de dicha mesa, los datos de actas contradicen la votación de la mesa con alteración de datos lle­gando a dar como válido el TSE con solo la foto del acta que no constituye prueba de su validez. 

3. Como antecedente, violó el derecho político de todos los boli­vianos que participaron en el 21F habilitando a candidatos al mar­gen del art. 26.II.2 y 168 de la CPE y art. 23.1. inciso b), 30 y 32.2. de la convención americana y al art. 15, 42 y 43 ley del régimen electoral, aún en conocimiento de una de­manda ante la CIDH. 

La OEA, que hoy demuestra su preocupación por la crisis de Estado, debería solicitar los informes a la comi­sión interamericana en donde se conozca, previamente a la corte, si la reelección indefinida es o no un derecho humano, no obstante, la vigencia y claridad de nuestra CPE a la que hoy apela el candi­dato Evo Morales. 4. Al inicio del fraguado proceso el TSE violentó el art. 

3 inciso g), art. 29.I.XII ley de organizaciones políticas al inscribir en las prima­rias al candidato inconstitucional y modificar el carácter vinculante de los resultados del voto de los militantes de partidos políticos. 

Para devolver la certidumbre al país y garantizar los derechos po­líticos conculcados a los ciudada­nos corresponde la realización de nuevas elecciones. Sancionar al TSE y designar un TSE imparcial de ciudadanos notables.