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30 de mayo de 2018, 4:00 AM
30 de mayo de 2018, 4:00 AM

En días pasados, se suscitó un patético hecho por el que una funcionaria de la comuna paceña, encargada de regular el tránsito público, solicitó respetuosamente a dos policías estacionar adecuadamente el motorizado porque abarcaba dos espacios; ellos se molestaron por haber sido filmados y, sin demostrar que estaban en función oficial y con una actuación prepotente, alegaron que hubo el delito de “obstrucción a la función pública”, por lo que agredieron y aprehendieron a la funcionaria municipal.

Este triste evento desnudó, una vez más, la desigualdad entre las personas de este país, toda vez que la Fiscalía –insensatamente– imputó a la munícipe por el ficticio delito de ‘Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones’ (art. 161 del Código Penal, que dice: “El que impidiere o estorbare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, incurrirá en reclusión de un mes a un año”. Por su parte, el juez, incumpliendo sus funciones de verificar los requisitos formales y materiales de la aprehensión de la procesada, indebidamente acogió la burda imputación 
fiscal ordenando arraigo y presentación quincenal contra ella.

Por ello, el fiscal y el juez han prevaricado, ya que sus actuaciones son manifiestamente contrarias a la Exención de Responsabilidad Penal (art. 11.2 del Código Penal), que ordena que: “El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, vulnera un bien jurídico ajeno”; por lo que la edil, al ser competente para regular el tránsito, estaba en un legítimo ejercicio de su cargo y no incurrió en el delito de ‘Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones’; por el contrario, han sido los policías agresores los infractores de dicho delito y otros.

Es innegable que los policías no estaban en el ejercicio de función alguna, claramente se estacionaron mal y no respetaron el Estado de derecho, despreciando a la edil y se molestaron por ser filmados, hecho que detonó las repudiables agresiones. Los policías deben comprender que no están por encima de la ley, la Consti
tución (art. 14) sitúa que todos son iguales ante la ley.

Es menester indicar que tanto los niños, ancianos, personas con discapacidad, como las mujeres y otros pertenecen a los grupos con discriminación positiva y en el caso de autos se trata de una mujer, que además estaría en gestación, y que fue agredida por un policía, con la complicidad de su camarada, que no hizo nada para evitar dichas agresiones.

Nótese que el policía, cuando pasó a agredir a la funcionaria municipal, alegó el inexistente tipo penal de “obstrucción a la función pública” cuando el correcto nomen juris del delito es “Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones” (art. 161 del Código Penal).

Dicho accionar de los policías, fiscales y jueces contribuye al profundo descrédito de la población con la administración de justicia que, estupefacta, espera que el Estado nacional tome reales acciones correctivas y no actitudes políticas para intereses propios. El caso traído a colación es una prueba del vulgar favoritismo a malos servidores públicos y que hay desigualdad entre funcionarios.

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