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Omisión fiscal de investigar el fraude

Joadel Bravo 30/10/2019 03:00

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 Ante el clamor popular expre­sado por la población boliviana exteriorizando que la reciente elección presidencial adolecería de fraude atribuible al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el in­forme de un ingeniero informá­tico que, en televisión, aseveró manipulación intencional en el cómputo de votos para favore­cer al candidato del Gobierno en desmedro de su principal conten­diente electoral, de parte de la Fis­calía General, dicho informe fue calificado como “mera opinión personal”, y que, para una investi­gación de tal hecho, es imperioso denunciar y presentar pruebas. 

Este posicionamiento de la Fiscalía General carece de fun­damentación legal alguna, ya que contritamente a su desafor­tunado parecer, los arts. 225 de la Constitución, 16 del Código procesal y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Fiscalía tiene la principal función de ejer­cer la acción penal pública, sin necesidad de denuncia alguna y como la jurisprudencia cotidiana nos demuestra notoriamente.

Los informes del ingeniero informático y de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, más las declaraciones del exvicepre­sidente del TSE, que justificó su renuncia en el hecho de que la Sala Plena del Tribunal injustificadamente suspendió la publica­ción de los resultados del TREP; los pronunciamientos de los vee­dores de la OEA extrañando la se­ñalada suspensión; el referéndum del 21-F; son indicios suficientes para una investigación contra el TSE por los delitos de manipula­ción informática y alteración o modificación del Padrón Elec­toral, art. 238, incs. j), e i), de Ley Electoral: que dicen: “La persona que manipule o altere la introduc­ción, procesamiento, transferen­cia o supresión de datos informá­ticos consignados en una base o registro electoral, conduzca a error o evite el correcto uso de los mismos…” y “La servidora pública que altere, modifique u oculte resultados del escrutinio y cómputo de votos”. Otra conducta del TSE a investi­gar y toda vez que es su obligación cumplir y hacer cumplir la Cons­titución y las Leyes -art. 23.1) Ley Electoral-, es el hecho de admitir la candidatura gubernamental cuando por el Referéndum del 21-F la población se manifestó en contra de la reelección indefini­da. 

Aparejado a ello, la polémica ­ S.C. 0084/2017 jamás habilitó tal candidatura, sino determinó la “Aplicación Preferente” del Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que no dispone la reelección indefinida como un derecho humano), tam­poco anuló el art. 168 de la Consti­tución, que prohíbe la reelección indefinida. 

Repárese que la Fiscalía Gene­ral cuenta con un ‘excepcional testigo’, el vicepresidente del TSE, que refrendó la indebida suspen­sión de la publicación de los re­sultados del TREP, extremo por el que se materializó la extraña y súbita ascendencia del candida­to oficialista, y declinación de su contendiente electoral; en todo caso, la Fiscalía convocando al ingeniero y a la Sociedad de Inge­nieros de Santa Cruz a declarar y para que presenten sus informes sobre el alegado fraude, podrá so­meter los mismos a estudios peri­ciales por parte de los peritos del IDIF y, en definitiva, determinar si poseen credibilidad. 

Concluyentemente, debido a la convulsión social motivada por la crisis electoral causada por el TSE, los robustos indicios proba­torios y la señalada normativa, la Fiscalía General está legalmente obligada a cumplir sus funciones de investigar de oficio los delitos electorales destacados contra el TSE, para desvendar un posi­ble fraude y la pacificación de la nación, so pena de incurrir en el delito de incumplimiento de de­beres y otros.