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El sistema boliviano de áreas protegidas y bosques está sufriendo duros golpes desde la llegada al poder del presidente Luis Arce Catacora, por la desinstitucionalización de los cargos de las entidades que tienen bajo su control esa importante riqueza natural del país.

A eso se suma la autorización que estarían otorgando el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) a empresas privadas que realizan explotaciones mineras depredadoras.

La anterior semana la Gobernación de Santa Cruz denunció que el Sernap otorgó una autorización con licencia ambiental a una empresa para explotar el Parque Natural y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, desde donde se estarían retirando minerales.

El director de Conservación del Patrimonio Natural de la Gobernación cruceña, Juan Carlos Áñez, denunció que esa autorización le permite a la empresa minera hacer desmontes durante seis meses, lo cual afectará a la biodiversidad. En una siguiente etapa, la de la producción, esa empresa explotará 250 toneladas de material seleccionado y 750 toneladas de material estéril por día. El director de Conservación del Patrimonio Natural también denunció que además de la entrega de esa licencia ambiental, las áreas protegidas nacionales están en peligro porque desde que Arce llegó al poder el Gobierno ha destituido a ocho directores de áreas protegidas, entre ellos los directivos del ANMI San Matías, considerada la segunda área protegida más grande de Bolivia.

Lo más delicado de esas remociones es que los puestos fueron reemplazados por personas que no tienen el mínimo conocimiento de administración y gestión.

La actividad extractiva de San Matías no fue autorizada solo por el Sernap, sino también por la ABT para hacer el desmonte y el traslado del mineral que se extraerá de la zona, el manganeso, según la denuncia de Áñez.

La autoridad recordó que la Ley Departamental 98 prohíbe la actividad minera dentro de áreas protegidas, salvo que haya un estudio ambiental que demuestra que la actividad es de utilidad e interés público. Aún así, se requiere de la promulgación de una nueva ley que permita la explotación, lo que en este caso no ha ocurrido.

En el proceso de otorgación de la licencia tampoco se cumplió con el requisito de la consulta previa a los pueblos indígenas de la zona, y solo se divulgó la decisión después de dar curso a la explotación minera. Así lo denunció el defensor de derechos indígenas y naturaleza, Álex Villca.

En respuesta a las denuncias, el director del Sernap, Teodoro Mamani, dijo que él no dio la autorización, que la empresa minera está realizando las labores extractivas desde antes de la creación de la ANMI San Matías, y amenazó con tomar acciones legales a los acusadores. Es decir, el pecado es del denunciante y no de quienes dieron la autorización para una explotación ilegal e inconsulta.

Lejos de tomar represalias contra los denunciantes, lo que tiene que hacer el Sernap es aclarar la figura y en todo caso detener las actividades de la empresa minera en la ANMI San Matías. Y en esto no solo va la responsabiliad del Sernap, sino aparentemente también de la ABT y del alcalde de San Matías, quien hasta ahora se ha negado a responder por las acusaciones.

Las autoridades deben pronunciarse y frenar estos abusos. Es un inmenso contrasentido que el Gobierno que se proclama aliado de la causa indígena y la defensa de los recursos naturales sea tan permisivo con explotaciones que dañarán irremediablemente los ecosistemas, en este caso del Área Natural y Manejo Integrado San Matías.

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