La pregunta no es retórica ni pertenece al campo de las abstracciones. Es una pregunta urgente, incómoda y profundamente política: ¿cómo organizarnos cuando partes del territorio dejan de estar bajo el control efectivo del Estado y pasan a ser administradas, vigiladas o disputadas por grupos armados, economías ilegales, redes criminales o poderes fácticos que imponen reglas propias? La cuestión no se reduce a la seguridad pública. Involucra la democracia, la ciudadanía, la vida cotidiana, la confianza social y la posibilidad misma de habitar un país con derechos.
En los últimos años, en Bolivia y en la región, se ha vuelto cada vez más evidente que el territorio no es solo una geografía. Es también una relación de poder. Allí donde el Estado se retira, llega alguien más. Puede llegar el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el avasallamiento de tierras o una combinación de todas estas economías, que no operan solas ni en el vacío. Se sostienen mediante protección, silencio, complicidades y, muchas veces, violencia. No siempre necesitan disparar. A veces basta con que todos sepan quién manda.
El control armado de los territorios no empieza necesariamente con hombres encapuchados en las calles. A veces comienza con la normalización del miedo: vecinos que dejan de denunciar, dirigentes que callan para sobrevivir, autoridades que miran hacia otro lado, periodistas amenazados, comunidades divididas, jóvenes reclutados por economías rápidas y familias obligadas a convivir con reglas que no eligieron. Cuando la ley formal se vuelve lejana y la ley del poder local se vuelve inmediata, la ciudadanía entra en una zona gris. Esa zona gris es el verdadero peligro, porque erosiona lentamente la idea de República.
Frente a esta realidad, la primera tentación suele ser pedir más fuerza. Más policías, más militares, más operativos, más presencia armada del Estado. Es comprensible: una sociedad amenazada busca protección. Pero sería un error creer que la respuesta puede ser únicamente coercitiva. La militarización sin institucionalidad puede desplazar temporalmente un problema, pero no reconstruye ciudadanía. La fuerza sin justicia produce abusos. La presencia estatal sin servicios públicos se vuelve ocupación. Y la seguridad sin democracia termina pareciéndose demasiado a aquello que dice combatir.
La pregunta, entonces, no es si el Estado debe actuar. Debe hacerlo. La pregunta es cómo debe actuar y, sobre todo, cómo debe organizarse la sociedad para no quedar atrapada entre el abandono estatal y el dominio criminal. En contextos de control armado, la organización social no puede ser improvisada ni ingenua. Requiere lucidez, prudencia, redes, información confiable y una ética democrática firme. No se trata de armar a la población ni de promover justicias paralelas. Se trata de fortalecer capacidades civiles para resistir la captura del territorio y reconstruir autoridad legítima.
El primer paso es nombrar el problema. Mientras se hable de “conflictos aislados”, “hechos delictivos” o “problemas entre particulares”, se seguirá ocultando la dimensión política del control territorial. Cuando un grupo decide quién entra, quién sale, quién produce, quién denuncia, quién calla y quién puede ejercer autoridad, estamos ante una disputa de soberanía. No reconocerlo es conceder ventaja al poder ilegal. Las palabras importan porque ordenan la acción. Si el diagnóstico es pequeño, la respuesta será insuficiente.
El segundo paso es reconstruir comunidad. Los poderes armados avanzan con mayor facilidad donde hay fragmentación social, desconfianza y abandono. Una comunidad dividida es más vulnerable al miedo y a la cooptación. Por eso, organizarse implica volver a crear espacios de deliberación seguros: juntas vecinales, organizaciones territoriales, iglesias, universidades, colegios profesionales, asociaciones productivas, sindicatos, cabildos, plataformas ciudadanas y medios locales. No todos tienen la misma función, pero todos pueden contribuir a tejer una red de protección cívica. La soledad es el terreno del miedo; la organización es su antídoto.
Sin embargo, organizarse no significa exponerse irresponsablemente. En contextos de violencia, la valentía debe ir acompañada de estrategia. Hay que cuidar a quienes denuncian, proteger a liderazgos comunitarios, establecer canales seguros de información y evitar que una sola persona cargue con todo el riesgo. La denuncia pública puede ser necesaria, pero también puede ser peligrosa si no existe respaldo institucional, mediático y jurídico. La defensa del territorio no debe convertir a los ciudadanos en mártires abandonados.
El tercer paso es exigir instituciones presentes, pero no solo armadas. Donde hay control territorial ilegal debe haber policía, sí; pero también fiscalía, jueces, defensorías, escuelas, salud, caminos, conectividad, registro de tierras, control ambiental, políticas juveniles y oportunidades económicas. El Estado no puede aparecer solo con uniforme. Debe aparecer con derechos. Si la única cara estatal es la represión, la población puede terminar viendo al Estado como un visitante violento y no como una autoridad legítima. La seguridad democrática se construye con ley, pero también con servicios y confianza.
Un cuarto elemento es seguir la ruta del dinero. Ningún control armado se sostiene sin economía. La violencia administra rentas: droga, oro, madera, tierra, combustible, mercancías, cuerpos, votos. Por eso, la lucha contra el control territorial no puede limitarse a capturar operadores menores. Debe investigar financiamiento, lavado, redes empresariales, protección política y vínculos con autoridades. Mientras se castigue solo al eslabón visible y se proteja al beneficiario invisible, el sistema seguirá funcionando. El territorio se recupera cuando se corta la rentabilidad de su captura.
La sociedad civil también tiene un papel en esa vigilancia. Universidades, centros de investigación, periodistas y organizaciones ciudadanas pueden producir mapas de riesgo, observatorios territoriales, informes sobre conflictividad, seguimiento a procesos judiciales y alertas tempranas. La información rigurosa salva vidas y evita manipulaciones. En tiempos de miedo, el rumor puede incendiar comunidades; la evidencia puede ordenar respuestas. Pero esa tarea requiere protección. Un país que deja solos a sus periodistas, investigadores y defensores de derechos humanos renuncia a verse a sí mismo.
El quinto paso es cuidar la política local. Los territorios no se capturan solo por la vía armada; también se capturan mediante elecciones, financiamiento de campañas, presión sobre candidatos, control de organizaciones sociales y compra de lealtades. La democracia local puede convertirse en fachada si los poderes ilegales deciden quién puede postular, quién puede hablar y qué decisiones se toman. Por eso es indispensable transparentar recursos electorales, fortalecer controles municipales, proteger a concejales y autoridades honestas, y sancionar la convivencia entre dirigencias políticas y economías criminales. El crimen organizado no odia la política; la utiliza.
También debemos hablar de los jóvenes. En muchos territorios, las economías ilegales ofrecen lo que el Estado y la sociedad no han logrado ofrecer: ingresos, pertenencia, reconocimiento y futuro inmediato. Condenar sin comprender no basta. Si un adolescente encuentra más horizonte en una red ilegal que en la escuela, el problema no es solo moral; es estructural. Organizarse implica abrir oportunidades reales: formación técnica, deporte, cultura, empleo, becas, conectividad y espacios donde la juventud no sea vista únicamente como amenaza o clientela política. La disputa por el territorio es también una disputa por la imaginación del futuro.
Otro punto crucial es evitar la polarización como respuesta automática. En Bolivia, casi todo conflicto termina atrapado en lecturas partidarias. Esa costumbre es funcional a los poderes ilegales, porque divide a quienes deberían defender juntos la legalidad. El control armado de territorios no es un problema de un solo partido, región o gobierno; es una amenaza nacional. Puede afectar comunidades indígenas, barrios urbanos, zonas fronterizas, áreas protegidas, municipios productores, rutas comerciales y periferias metropolitanas. Nadie está completamente a salvo cuando la soberanía se fragmenta.
Por eso, la organización debe ser plural. No puede estar subordinada a caudillos ni a agendas partidarias. Debe tener principios mínimos: defensa de la vida, rechazo a la violencia, protección de derechos, transparencia, control ciudadano, independencia frente a economías ilegales y exigencia de responsabilidad estatal. Esos mínimos pueden permitir alianzas amplias sin borrar diferencias. En momentos críticos, una sociedad democrática debe aprender a distinguir entre adversarios políticos y amenazas estructurales. No todo desacuerdo es enemigo; no todo poder armado es interlocutor.
La comunidad internacional también puede acompañar, pero no sustituir. La cooperación técnica, el intercambio de información, el apoyo a justicia, controles financieros y protección de derechos humanos son importantes. Pero ningún organismo externo reconstruirá lo que internamente se ha deteriorado. La soberanía democrática no se delega. Se ejerce con instituciones creíbles y ciudadanía activa. Pedir ayuda puede ser necesario; renunciar a la responsabilidad propia sería peligroso.
Organizarnos en este contexto exige, finalmente, recuperar una idea básica: el territorio pertenece a la ciudadanía, no a los grupos armados, no a las mafias, no a los intermediarios violentos, no a los políticos que negocian silencios. Pero esa afirmación debe traducirse en prácticas concretas. Reunirse, documentar, denunciar con respaldo, proteger liderazgos, exigir presencia estatal integral, votar con memoria, investigar el dinero, educar para la legalidad, cuidar a los jóvenes y no normalizar el miedo.
El control armado de los territorios avanza cuando una sociedad se acostumbra a vivir agachada. Retrocede cuando la ciudadanía reconstruye vínculos, exige instituciones y se niega a aceptar que la violencia sea el nuevo orden. No será fácil ni rápido. Habrá riesgos, contradicciones y momentos de desaliento. Pero la alternativa a organizarnos es peor: aceptar que la democracia exista solo en los discursos mientras, en la vida real, otros deciden quién puede vivir, producir, circular, opinar o gobernar.
La pregunta del título, entonces, tiene una respuesta inicial: debemos organizarnos democráticamente, territorialmente y con inteligencia colectiva. No para reemplazar al Estado, sino para obligarlo a cumplir su función. No para responder violencia con violencia, sino para impedir que la violencia se convierta en autoridad. No para defender parcelas aisladas, sino para recuperar la promesa común de un país donde la ley proteja, la política represente y el territorio vuelva a ser espacio de vida, no de miedo.
(*) Gloria Ardaya es escritora y estudiante de último año de filosofía y letras