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Días atrás se publicó la noticia de un nuevo proyecto de ley de reincorporación y restitución de derechos laborales (N.º 348/19) propuesto por diputados afines al MAS, el cual permitiría al Ministerio de Trabajo conminar al empleador privado a reincorporar a trabajadores despedidos (de forma injustificada), así como también restituir los derechos laborales de trabajadores que consideren haber sido afectados por rebajas salariales, cambios de condiciones laborales, faltos de pago de sueldos, entre otras figuras jurídicas, siendo el punto más importante a considerar la incorporación del apremio corporal al empleador que no acate dicha norma.

Con la puesta en marcha de esta ley, los inspectores de trabajo tendrían potestad similar a la de los jueces, puesto que valorarían pruebas y definirían controversias producto de las relaciones laborales y, finalmente, ordenarían la reincorporación o restitución de supuestos derechos vulnerados con la amenaza de encarcelar al empleador que incumpla lo determinado por el inspector de turno.

Todos los que hemos acudido a una audiencia en la Jefatura del Trabajo (de cualquier ciudad) sabemos que la característica en común que tienen los inspectores es parcializarse con el trabajador, aunque este hubiera incumplido su contrato, robado o incluso golpeado a su empleador.

El inspector, en la mayoría de los casos, dará a favor del trabajador, dejando casi en total indefensión al empleador, el cual, finalizada la audiencia, deberá pensar en gastar en abogados para demostrar ante un juez que aquel trabajador estaba mintiendo y haciendo un uso abusivo de un “derecho laboral”.

Este proyecto de ley se asemeja bastante al DS 28699 del año 2006, uno de los primeros decretos laborales de este Gobierno, por el cual se reformarían e implementarían distintas figuras laborales en Bolivia, siendo una de ellas la del proceso de reincorporación del trabajador ante despidos injustificados.

A la fecha, resulta un dolor de cabeza para el empleador justificar idóneamente un despido laboral, habida cuenta de los detalles que se deben seguir para justificar cada caso y lo peor de todo es que por más documentado que esté el despido, ante el Ministerio de Trabajo el trabajador siempre tendrá la razón y deberá ser un juez (en un juicio laboral) el que dirima el conflicto, el que puede durar años en resolverse y estar expuesto a los vaivenes de la corrupción judicial.

Lastimosamente, las cosas no pintan bien para el empleador privado, pues no solo debe lidiar con los precios del mercado, sino también con todo el aparato burocrático, la corrupción, la competencia desleal, el calvario impositivo y por último hasta debe ser condescendiente con aquellos trabajadores que son incumplidos, flojos o ladrones, pues por más que él tenga la razón, estos siempre podrán denunciarlo y -de promulgarse esta ley- hasta encarcelarlo.

El panorama no es alentador y los gremios que representan al sector privado por más acciones, cartas, pronunciamientos o reuniones que sostengan, no tienen forma alguna de frenar estas medidas sociales promovidas por el Gobierno de turno.

A pesar de la experiencia desastrosa con las empresas públicas (llevadas a la quiebra), los diputados de turno afines al MAS siguen promoviendo medidas que solo buscan ganar adeptos a su partido, por más que las empresas privadas estén a punto de colapsar. A ellos no les importa, pues desconocen lo duro y difícil que es llevar adelante un emprendimiento. Se vienen tiempos difíciles, la crisis ya se siente, ojalá razonen y que esto no empeore.

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