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El impuesto para los servicios digitales anunciado por el Gobierno y que ahora es un proyecto de ley, ha provocado diversas reacciones en el país, principalmente de rechazo, porque pretende cargar sobre las espaldas de los mismos contribuyentes un nuevo tributo en tiempos de crisis económica.

El proyecto gubernamental es cobrar el IVA, es decir, 13 por ciento, a servicios como Netflix, Amazon Prime, publicidad digital, compras de bienes del exterior y servicios por internet, software, almacenamiento en la nube, suministro, descarga o streaming de música, juegos, textos, videos, revistas, libros y todo servicio digital.

Lo primero que llama la atención es que igual que ocurre en la Aduana de Viru Viru donde revisan todo el equipaje de los pasajeros buscando artículos nuevos para obligarlos a pagar tributos, el Gobierno está buscando recaudar más dinero, así sea en cantidades insignificantes, incluso debajo de las piedras.

Eso es lo primero que se puede inferir de esta nueva norma en proyecto, porque se trata de consumo de servicios de bajo costo que poco sumará a las arcas del Estado.

El segundo elemento a considerar es que el tributo, de aprobarse, terminará pagándolo el usuario, porque las empresas a las que se les quiere cobrar no tienen oficinas en Bolivia y por tanto no podrán aplicarles una obligación atípica y extraterritorial.

Y sería atípica porque si de alguna manera lograran cobrarles, esas empresas serían contribuyentes privilegiados que no tributarían otras obligaciones como el IT o el impuesto a las utilidades como lo hacen todas las empresas asentadas en el país.

Sin embargo, lo más probable es que quien terminará pagando el nuevo impuesto es el usuario de los servicios. Es decir, un nuevo impuesto a quienes ya tributan al país de diferentes formas.

Hay una vieja deuda en Bolivia desde hace varias décadas, que consiste en el reclamo a los gobiernos para ampliar la base tributaria a sectores que no pagan impuestos en el país, principalmente gremios que se amparan en la informalidad, pero a quienes nadie quiere tocar, mucho menos este Gobierno, que tiene a esos grupos de aliados políticos.

En pocas palabras: más impuestos para los que ya pagan impuestos, mientras los que nunca pagan tributos continuarán al margen de la ley sin cumplir esas obligaciones.

Pero además se anuncia que el Estado retendrá automáticamente el impuesto en las cuentas de los usuarios que pagan servicios digitales con su tarjeta de crédito o de débito, lo cual constituiría un atropello al derecho de las personas. Le retendrán el impuesto, pero no le darán factura por el bien consumido, con lo cual, se producirá un nuevo atropello al mismo contribuyente.

En el caso del impuesto a las compras de bienes del exterior por internet, de cobrarse este tributo se estaría incurriendo en una doble tributación, porque los actuales tributos aduaneros ya incluyen el IVA a la importación de bienes. Eso es lo que cobra la Aduana cuando se importa un bien. Por tanto, se daría una doble tributación.

Incluso la Central Obrera Boliviana, aliada del Gobierno de Luis Arce, rechazó el proyecto al que consideró un “impuestazo” a los usuarios en tiempos de desempleo y cuando precisamente se intenta reactivar la economía.

Se entiende la necesidad desesperada del Estado para recaudar nuevos ingresos, pero debiera buscarlos primero allí donde hay mucho movimiento económico: en los gremios informales, productores de coca, y los grandes contrabandistas, y también generando políticas innovadoras de generación de riqueza. Arañar los centavos del pueblo no solo es desconsiderado y peligroso en tiempos de crisis, sino que también revela la incapacidad de las autoridades para encontrar soluciones a los problemas económicos. ¿Qué viene después, un gasolinazo?



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