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El Gobierno de Bolivia denunció una supuesta “injerencia” del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo internacional, solicitada específicamente para ese fin por la representación boliviana.

El resultado fue catastrófico para los objetivos del Gobierno de Luis Arce: solo tres países, que son aliados políticos del actual Gobierno boliviano, respaldaron la posición de la representación nacional en su acusación contra Luis Almagro, por el resultado de la auditoría a las elecciones de octubre de 2019, en la que la OEA dijo que hubo una manipulación dolosa de los votos.

Esos tres países son Argentina, México y Nicaragua en un organismo donde 34 países tienen representantes. Así, la sesión que pretendía censurar o investigar a Luis Almagro concluyó con un respaldo casi unánime a las misiones de observación electoral que la OEA desarrolla desde el año 1966, en cumplimiento de las normas de la Carta Interamericana Democrática. En pocas palabras, la mayoría de los países miembros de la OEA apoyó a Luis Almagro y solo tres lo cuestionaron.

En la sesión extraordinaria que se desarrolló de manera virtual, los ministros Iván Lima, de Justicia; Rogelio Mayta, de Relaciones Exteriores; y el representante boliviano ante el organismo internacional, Héctor Arce, arremetieron contra Luis Almagro en algunos casos con argumentos deleznables, como el cuestionamiento que hicieron al carácter vinculante de la auditoría solicitada por el propio Gobierno boliviano, encabezado por el entonces presidente Evo Morales.

Almagro les recordó que lo de vinculante no tiene dos interpretaciones posibles, pero se mostró abierto a que sea una instancia internacional la que dé certeza de la interpretación del acuerdo firmado en 2019 referido al carácter vinculante de la auditoría electoral, en el marco de un proceso de solución de controversias que interprete los tratados celebrados entre un Estado, en este caso Bolivia, y una organización, en este caso la OEA.

Es muy probable que el Gobierno de Luis Arce sabía a qué resultado se enfrentaría en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, y que aun así se animó a exponer al país a ese papelón internacional como una estrategia con fines de consumo interno, es decir, para que una vez más el país escuche su teoría de que en Bolivia no hubo fraude electoral, pese a las varias evidencias que indican lo contrario.

En el lenguaje diplomático, la iniciativa del Gobierno sería interpretada como un traspié internacional que deja mal parado no solo al Gobierno, sino lamentablemente al país. Hay que recordar que la representación ante los organismos internacionales no concurre a nombre de un gobierno, sino a nombre de un país.

Probablemente al Gobierno no le gustó no solo el resultado de la auditoría electoral que descubrió el fraude de 2019, sino también le hizo ruido que la misma OEA se pronunciara hace pocos días descalificando completamente el estudio pagado que la Fiscalía de Juan Lanchipa encargó a una consultora española, y cuyo resultado fue consultado varias veces con el cliente, para determinar, en sus conclusiones, que las irregularidades no afectaron el resultado de las elecciones.

El caso, en definitiva, es que el Gobierno boliviano recibió en la OEA un nuevo revés que se suma a otros de las últimas semanas que desde la comunidad internacional no se compraron la teoría del golpe y, por el contrario, continúan sosteniendo que el 20 de octubre de 2019 hubo un fraude electoral en Bolivia que favoreció al candidato ilegal Evo Morales.

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