Pachamama, wañunaykikama
En marzo de 2020, Bolivia como el resto del mundo conoció una realidad inédita, vivimos una emergencia sanitaria mundial que evidenció el llamado de la naturaleza a salvaguardar el planeta. La pandemia no solo desnudó la fragilidad de los sistemas sanitarios y financieros, sino también la de los seres humanos, de la madre tierra y de la vida misma. Con el confinamiento se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación de las aguas y los efluentes industriales, que permitieron a la fauna, flora y la vida silvestre experimentar impactos positivos.
Así, el covid-19 se convirtió en la excusa principal que motivó acelerar una reingeniería mundial del modelo de desarrollo, buscando un viraje hacia la economía verde. Los llamados “países desarrollados” son los más interesados en ello, el “Next Generation EU” de la Unión Europea y los fondos verdes de Naciones Unidas, son algunos ejemplos de los esfuerzos por implementar una política global para mitigar los efectos del cambio climático. Ciudades importantes de Europa han iniciado la implementación de bonificaciones fiscales para promover la instalación de energía solar en las viviendas, llevan con éxito políticas de reciclaje, y proyectan planes de transporte que a corto plazo harán de los ferrocarriles y los autos eléctricos los protagonistas de la locomoción urbana.
En Latinoamérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, hace más de diez años proyectaron un discurso verde que proponía un modelo económico con inclusión social y armonía con la naturaleza, pero con el transcurrir de los años, por lo menos en Bolivia ha quedado en poesía discursiva que apunta a disfrazar el modelo extractivista que se viene instalando. El “vivir bien” manifiesta la responsabilidad social y estatal de respeto a la madre tierra, pues es un paradigma consagrado en la cosmovisión de los pueblos indígenas y afroamericanos vinculado a la conservación y protección de los recursos naturales y los ecosistemas de vida.
En consecuencia, implementar en Bolivia una política de desarrollo económico complementario a la protección de la madre tierra no debería ser una tarea difícil, menos cuando la Constitución expresamente plantea un modelo de desarrollo sostenible y sustentable. Sin embargo, en los hechos vivimos una fotografía de deforestación, chaqueo, asentamientos ilegales, devastación de la biodiversidad, concesiones mineras atentatorias, fuentes de aguas contaminadas y narcotráfico asediando a las áreas protegidas.
Los ejemplos sobran y debemos visibilizarlos. El Madidi no solo está amenazado por las plantaciones ilegales de coca, que ascendieron en más del 171% respecto al 2018 según Unodc Bolivia, sino que además este Parque Nacional está siendo acechado por la fiebre del oro, provocando la contaminación de las cuencas hídricas que proveen agua a pueblos indígenas de territorio amazónico.
Con titulación en mano, que acredita la propiedad colectiva de su territorio, los dirigentes de los Uchupiamonas no comprenden cómo llegan a instalarse las concesiones mineras en las riberas de ríos en pleno Madidi. La historia se repite en varios municipios. En El Torno comunarios se vieron sorprendidos con concesiones mineras atentatorias a fuentes de agua que provee a las comunidades ese líquido elemento.
Recientemente una exfuncionaria del Sernap denunció que fue retirada de sus funciones por haberse negado a dar una autorización de desmonte a favor de una empresa minera dentro del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) de San Matías (Santa Cruz) que cuenta con un Plan de Manejo que prohíbe claramente la actividad minera. Según narró dicha funcionaria a la revista Nómadas, “con el desmonte vendrá la destrucción total del bosque de la cubierta vegetal y del paisaje”, “disminuirán los depósitos de agua que se encuentran debajo de la tierra y de las nacientes, que obviamente se secarán con la extracción del manganeso, habrá problemas respiratorios, conjuntivitis, y una vez que contaminen el agua, habrá consecuencias fatales”, concluye.
Y los problemas suman y se multiplican, ha habido intentos de replicar el modelo de desarrollo cruceño en otros departamentos de características amazónicas y de gran riqueza forestal, creyendo a estas alturas que la deforestación es un modelo de desarrollo. Ampliar la frontera agrícola y duplicar el ganado vacuno sin ningún criterio de sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales no es la solución, por más pragmáticos que pretendamos ser.
Es importante que el Estado reformule las políticas de desarrollo, estamos camino a convertirnos en un Estado ecocida, que permite y deja pasar pasivamente la destrucción del medioambiente. Debe interpelarse por una congruencia entre el discurso político del vivir bien y las políticas públicas del Estado en todos niveles, en respeto a la Constitución que nos hace responsables, a individuos, sociedad y Estado, de la defensa y protección de la madre tierra.
