El constitucionalismo moderno enseña que la autonomía no se agota en el reconocimiento formal de competencias. Su eficacia depende de que los gobiernos autónomos cuenten con los recursos financieros suficientes para ejercerlas. De lo contrario, la autonomía se convierte en una declaración programática, incapaz de responder a las necesidades de la ciudadanía y de consolidar un verdadero Estado descentralizado.
La Constitución Política del Estado reconoce la autonomía como uno de los pilares de la organización territorial del Estado y establece que su ejercicio se sustenta en los principios de unidad, solidaridad, coordinación, igualdad y equilibrio. A su vez, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización «Andrés Ibáñez» desarrolla estos principios bajo la premisa de que las competencias deben ejercerse con los recursos necesarios para garantizar una gestión pública eficiente.
En ese mismo sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional 2055/2012 reconoció que la autonomía constituye una garantía institucional del Estado Plurinacional y que su ejercicio efectivo requiere la existencia de condiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan el cumplimiento real de las competencias constitucionalmente asignadas. Posteriormente, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1714/2012 reafirmó que el régimen autonómico debe interpretarse de manera que fortalezca el ejercicio efectivo de las competencias y preserve la esencia del modelo autonómico diseñado por la Constitución. Estos precedentes orientan la interpretación constitucional hacia una autonomía material y no meramente formal. En la misma línea, la Carta Iberoamericana de Autonomía Local y la Carta Europea de Autonomía Local —esta última como referente internacional ampliamente reconocido sobre autonomía territorial— destacan que las entidades territoriales deben disponer de recursos financieros suficientes y proporcionales a las competencias que ejercen.
Bajo esa perspectiva, la propuesta del gobernador Juan Pablo Velasco de impulsar una coparticipación del 50% para el nivel central y 50% para el nivel subnacional respecto del Impuesto a las Transacciones representa una oportunidad histórica para abrir el debate sobre el verdadero alcance del pacto fiscal boliviano. Conforme a la proyección presentada, Santa Cruz recibiría aproximadamente Bs 338,7 millones adicionales para la Gobernación, Bs 259 millones para sus 56 municipios y Bs 119,5 millones para la universidad pública, lo que supondría un incremento cercano al 48,3% respecto de los ingresos corrientes propios de la Gobernación durante la gestión 2025.
Sin embargo, el verdadero desafío nacional no debe limitarse únicamente al Impuesto a las Transacciones. Si el objetivo es consolidar un sistema autonómico eficiente y sostenible, resulta indispensable abrir un debate serio sobre la redistribución de otros tributos estratégicos, como el IVA, el IDH, el IEHD y aquellos impuestos cuya estructura permita fortalecer financieramente a las entidades territoriales autónomas mediante las reformas constitucionales y legales que correspondan. Solo así podrá construirse un pacto fiscal verdaderamente justo, equitativo y solidario, donde la distribución de los recursos responda al desarrollo integral del país y no únicamente a criterios de centralización fiscal.
Más recursos para la Gobernación significan mejores carreteras, hospitales, sistemas de salud fortalecidos, infraestructura productiva, programas de desarrollo regional y una mayor capacidad para impulsar proyectos estratégicos que integren y potencien el crecimiento económico del departamento. Más recursos para los municipios representan mayores obras de agua potable, caminos vecinales, equipamiento urbano, saneamiento básico, alumbrado público y mejores servicios para las comunidades urbanas y rurales. Más recursos para la universidad pública implican mayor investigación científica, innovación tecnológica, formación de capital humano altamente calificado y una vinculación más estrecha entre el conocimiento, la producción y el desarrollo regional.
Las cifras proyectadas no representan únicamente un incremento presupuestario; representan oportunidades reales para transformar la calidad de vida de miles de familias. Representan caminos que conectan provincias, hospitales que salvan vidas, escuelas mejor equipadas, universidades que generan conocimiento y regiones con mayor capacidad para decidir su propio destino.
El desafío del siglo XXI ya no consiste en discutir si Bolivia necesita un nuevo pacto fiscal. Ese debate está abierto desde la propia Constitución. El verdadero desafío consiste en materializarlo con responsabilidad institucional, visión de Estado y respeto al modelo autonómico. Porque la autonomía dejará de ser una promesa escrita en el texto constitucional únicamente cuando esté acompañada de la suficiencia financiera que la jurisprudencia constitucional exige para el ejercicio efectivo de sus competencias. Solo así, podremos afirmar que hemos construido un Estado autonómico donde el desarrollo, la justicia territorial y el progreso alcancen, sin distinción alguna, a todos los bolivianos.
(*) Carlos A. Pol Limpias es abogado con doctorado en Derecho con Mención en Sistema Jurídico Plural