“No es repartir plata, porque si no también te voy a repartir deuda”, con esa frase, pronunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, quedó al descubierto la mayor contradicción de la reunión de gobernadores realizada en El Alto. Mientras gobernadores de seis departamentos y una representación de Pando acudieron con la intención de exigir una redistribución tributaria del 50/50, el propio Gobierno terminó reconociendo lo que durante meses intento administrar con discursos: el problema ya no es cómo repartir los recursos, sino cómo sostener un Estado que carga más obligaciones que ingresos.
La imagen política previa parecía prometedora, gobernadores de distintas corrientes dejaron de lado sus diferencias para respaldar una de las principales ofertas electorales del hoy presidente, el de distribuir en partes iguales los ingresos tributarios entre el nivel central y las regiones a partir del Presupuesto General del Estado de 2027. La propuesta busca corregir décadas de centralismo fiscal; pero en la práctica, desnuda la fragilidad financiera de todo el aparato estatal.
El eje de la propuesta es el Impuesto a las Transacciones (IT), cuya recaudación supera los 7.000 millones de bolivianos al año. Para las gobernaciones, esos recursos representan la posibilidad de recuperar capacidad de gestión después de años administrando competencias que nunca fueron acompañadas del financiamiento correspondiente. Entonces, la frase del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, resume ese sentimiento: “No fuimos elegidos para administrar la pobreza”. Y tiene razón.
Las gobernaciones financian prediarios, bonos de vacunación, certificados de bachiller y otras competencias que corresponden al nivel central, mientras sus presupuestos se reducen año tras año. A esa demanda sumaron otra igual de significativa: asumir la administración de instituciones estratégicas como Senarecom, Sergeomin e incluso la Siderúrgica del Mutún, bajo el argumento de que las autonomías nunca serán reales mientras la riqueza continúe concentrada en La Paz.
Detrás del debate del 50/50 aparece una pregunta mucho más profunda: ¿qué puede redistribuir un Estado cuya economía atraviesa uno de sus momentos más delicados? Desde la propia Asamblea Legislativa la respuesta fue igual de contundente: “¿Qué vamos a distribuir si no hay plata?”.
Y ni hablemos de unidad, esta reunión en El Alto también mostró que la unidad regional tiene límites. La ausencia de los gobernadores de Cochabamba, Leonardo Loza, y de Potosí, René Joaquino, debilita el peso político de un bloque. Loza incluso denunció haber sido excluido, un antecedente que anticipa que el encuentro previsto para el 5 de agosto en Sucre llegará con una fractura difícil de disimular, y es que, sin consenso interno, cualquier negociación nacional comienza debilitada.
Queda claro que, sin nuevas inversiones en hidrocarburos, minería y sectores productivos capaces de generar ingresos reales, el 50/50 se convierte en un simple reparto del déficit. Es la crisis de un Estado que hace tiempo dejó de vivir de su producción y comenzó a sobrevivir de la redistribución. Y ese, más que el centralismo, es el verdadero problema de Bolivia.
* Miroslava Fernández Guevara, periodista y politóloga