Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados para su democracia desde que, hace más de cuatro décadas, recuperó el orden constitucional tras largos años de inestabilidad política, gobiernos militares y profundas fracturas institucionales. Los peligros que hoy se ciernen sobre el sistema democrático no provienen únicamente de la crisis económica, del creciente descontento social o de la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. Provienen también de la acción deliberada de actores políticos que, anteponiendo sus ambiciones personales a los intereses nacionales, desafían abiertamente el Estado de derecho.
En el centro de esta preocupante situación se encuentra el expresidente y caudillo cocalero Evo Morales Ayma, quien desde hace meses permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba, particularmente en Lauca Ñ, convertido en un verdadero bastión político y territorial desde el cual desafía a las autoridades nacionales. Sobre él pesan órdenes de aprehensión vinculadas a denuncias agravadas por abuso y trata de personas, procesos que en cualquier democracia consolidada deberían seguir su curso jurídico y/o legal sin interferencias ni privilegios.
Sin embargo, lejos de someterse a la justicia, Morales ha optado por una estrategia de confrontación permanente. Rodeado por una estructura de protección que actúa como una guardia especial y respaldado por sectores movilizados de sus bases sindicales, ha construido un escenario de resistencia que erosiona la autoridad estatal y transmite un mensaje peligroso de que existen ciudadanos por encima de la ley.
Más inquietante aún resulta la sostenibilidad económica de este aparato de protección y movilización. Desde hace largo tiempo, quienes resguardan al exmandatario reciben alimentación, alojamiento y apoyo logístico permanentes, mientras que las movilizaciones masivas que periódicamente paralizan regiones enteras demandan recursos considerables. La ausencia de explicaciones transparentes sobre el origen de esos fondos alimenta sospechas legítimas y exige respuestas que hasta ahora no han llegado.
La reciente presión ejercida sobre la ciudad de La Paz constituye una muestra alarmante de esta estrategia. Los bloqueos y cercos promovidos por sectores afines al exgobernante han provocado severas dificultades para el abastecimiento de productos básicos, generando incertidumbre y angustia entre miles de familias. Cuando los alimentos logran llegar a los mercados, sus precios alcanzan niveles prohibitivos para una población ya golpeada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Resulta igualmente preocupante la actitud desafiante que Morales mantiene frente al Gobierno nacional. Sus declaraciones, en las que se ofrece enseñar a gobernar al presidente Rodrigo Paz siempre y cuando éste acuda a reunirse con él en Lauca Ñ, reflejan una concepción caudillista del poder incompatible con los principios republicanos. En una democracia, los gobernantes son elegidos por el voto ciudadano y ejercen autoridad desde las instituciones, no desde feudos políticos ni enclaves territoriales donde la presencia del Estado parece diluirse.
Bolivia enfrenta hoy una prueba decisiva. La vigencia de la democracia exige que las leyes se apliquen sin excepciones, que la justicia actúe con independencia y que ninguna figura política, por influyente que sea, pueda situarse por encima del orden constitucional. La historia demuestra que las democracias no suelen sucumbir de manera repentina; se deterioran gradualmente cuando se normalizan los privilegios, la impunidad y el desacato a las instituciones. Defender la democracia boliviana implica rechazar cualquier intento de sustituir el imperio de la ley por la voluntad de un caudillo.