Opinión

Para que se oriente el señor presidente

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5 de agosto de 2018, 4:00 AM
5 de agosto de 2018, 4:00 AM

La precaria situación de la salud pública en nuestro país da lugar a hechos anecdóticos, como el reciente descubrimiento del señor presidente del Estado Plurinacional sobre los beneficios que implica tener más hospitales que canchas deportivas o situaciones trágicas, como el deceso de la embajadora de El Salvador, víctima, como gran parte de los bolivianos, de la recurrente falta de auxilio médico en un país en el que los avances sociales solo son efectivos en el discurso.

Constitucionalmente, la salud vista como una función pública, se manifiesta en dos ámbitos; ya sea como competencia exclusiva del nivel central del Estado o como competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades autónomas. En ambas circunstancias, la facultad de crear leyes le corresponde a la esfera nacional, mientras que su ejecución y reglamentación es de tuición autonómica, lo cual conlleva a que las decisiones fundamentales en esta temática se encuentren centralizadas por el Gobierno nacional.

Siguiendo sus instintos centralistas, el Gobierno nacional, a través del artículo 81. I. números 10 y 13 de ley Marco de Autonomías y Descentralización, se otorgó para sí mismo las potestades de definir, gestionar y financiar la política salarial del personal de salud, dejando como materia concurrente para los gobiernos departamentales y municipales el ejercicio de acciones residuales, tales como el mantenimiento, construcción de infraestructura o provisión de equipos y medicamentos a hospitales de tercer y segundo nivel, respectivamente, según lo ordena el artículo 81 III. 1. c), d); 2. c), f), g) de la ley 031 de 2010, línea jurídica constitucionalizada por la sentencia constitucional plurinacional 2055 de octubre de 2012.

Al no ser comparable la inversión de salud, en relación con otras prioridades, como por ejemplo a la insoslayable política nacional de dominar el cosmos a través de millonarios satélites, la contratación de médicos y enfermeras se vio afectada; por lo que el Gobierno central, haciendo gala de su “pragmatismo”, puso en vigencia la Ley 475 de 2013, que abre la posibilidad a que las entidades subnacionales creen ítems de salud, obligándolas a asumir el deber del Ejecutivo nacional, en desmedro de sus propias competencias. Semejante actitud intervencionista tiene como finalidad aminorar el peso económico que la salud supone para un centralismo desorientado y desprovisto del más elemental sentido común para ejercer con responsabilidad sus propias competencias. Pareciera en consecuencia que para el Gobierno nacional es más redituable construir cualquier cosa, haga falta o no, que crear ítems que en definitiva salvan vidas.

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