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¿Para qué una ley contra la mentira?

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8 de septiembre de 2018, 21:46 PM
8 de septiembre de 2018, 21:46 PM

Los políticos no son precisamente los apóstoles de la verdad. Basta enumerar sus anuncios y promesas incumplidas para constatar que no son el mejor ejemplo de los que no mienten. Al contrario, la desconfianza de los ciudadanos en la mayoría de ellos se explica por la decepción que provocan al ofrecer lo que finalmente no pueden cumplir. Es más, son pocos los que consiguen adhesiones por su honestidad. En cambio, son muchos los que con sus mentiras aumentan el desprestigio de la práctica política.

Por eso es que preocupan las iniciativas que surgen desde la política para penalizar las mentiras, ya que no tiene esta la mejor tradición y, menos, una auténtica vocación de búsqueda de la verdad. Ningún ciudadano en sus cabales puede oponerse a la transparencia, a la lucha contra el racismo o contra la igualdad de oportunidades. El problema es la manipulación de estas causas nobles para que, en nombre de la ley, se reprima a los que piensan diferente a quien administra el poder. Son notorias las señales de una aplicación discrecional de las normas.

Hay al menos una incongruencia en quien pretende que se apruebe una ley contra la mentira, pero que incumplió su promesa de acatar los resultados de una votación. ¿Qué credibilidad puede tener una norma surgida de un Gobierno que no hace lo que dijo que iba hacer? ¿Cuál es la verdadera finalidad de la intención de aumentar la regulación a la libertad de expresión y de prensa en el periodo preelectoral? “Los que se oponen a esta ley son mentirosos confesos”, dijo el presidente, en esa costumbre ya arraigada de separar a “los malos” de “los buenos”. En realidad, “los buenos” son los que están con el Gobierno. A los otros hay que arrinconarlos.

La mentira ya está sancionada en la legislación boliviana. Si una autoridad fue calumniada, injuriada o difamada, tiene la Ley de Imprenta para acusar a su detractor, si este es un medio de comunicación. Si es un ciudadano común el ofendido, tiene a la justicia ordinaria para buscar el resarcimiento de los daños a su honra y a su reputación.

En el caso de los medios de comunicación, hay tribunales de ética activos que han atendido eficientemente varias denuncias, en el marco de la autorregulación reconocida en la Constitución. No hay peor situación para un periodista que la sanción moral de sus lectores, oyentes o televidentes, que lo abandonan cuando este rompe el contrato con la verdad. La mentira tampoco es rentable para un medio de comunicación, ya que, si incurre en ella, terminará con pocos o con ningún seguidor.

No es la primera vez que el poder busca controlar lo que difunden los medios. En realidad, lo han intentado también varios de los anteriores gobiernos. Hay que sospechar siempre de las intenciones de los políticos cuando plantean estas nuevas regulaciones, ya que lo que menos buscan es mejorar la calidad del periodismo, el acceso irrestricto a la información pública y una plena libertad de expresión y de prensa.

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