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Una vez más, el contrabando hace noticia en el país. No es novedad que quienes se dedican a ello afrenten a la autoridad pública; lo han hecho antes asesinando o haciendo desaparecer a efectivos del Control Operativo Aduanero; atacando con dinamita a efectivos del Ejército; asaltando recintos de la Aduana para robar bienes incautados; y recientemente, embistiendo en Opoqueri (Oruro) al vehículo del viceministro de Lucha contra el Contrabando, amenazándolo de muerte (“Circula audio donde contrabandistas planifican emboscada contra viceministro”, EL DEBER, 1.12.2020). ¿Qué es lo que los impulsa a actuar así?

El contrabando de importación tiene que ver con la introducción de mercancías a un país eludiendo el pago de tributos aduaneros; trátese del producto que se trate -autos, prendas de vestir, artefactos electrónicos, alimentos, etc.- la motivación del contrabando es la ganancia deshonesta; una actividad delictiva que ejerce una competencia ruinosa en el mercado contra los productores y comerciantes legalmente establecidos, que tributan según la ley.

Dicho esto, quiero dar una connotación distinta a la palabra “contrabando”. En esta historia hay dos bandos: los que operan en la legalidad (los buenos) y los que eluden la ley (los malos) los que están “contra el bando” de los buenos. ¿Entiende ahora la dimensión de la palabra contrabando? ¿En qué bando está usted?

Veamos el caso de los alimentos, por ejemplo. El sector agroindustrial está golpeado por el severo impacto del contrabando desde países vecinos. Es triste decirlo pero, al paso que vamos, corremos el riesgo de convertirnos en un país con cada vez menos productores en el agro, sin industria además, y no hablo solo de Santa Cruz porque -por citar un caso- la papa, que se cultiva en el Occidente del país, está desplazada por la papa contrabandeada, que ya domina el mercado. En cuanto a los productos industrializados, los mercados están abarrotados de aceites vegetales, azúcar, harina de trigo, vinos, embutidos, carnes procesadas, etc., que siendo contrabandeados, eluden el pago de impuestos que sí pesan sobre el giro de la producción y el comercio legal.

Con un dólar fijo -baratísimo además- en nuestro país, con devaluaciones de las monedas en derredor, es virtualmente imposible ganarle al contrabando, a no ser con ideas imaginativas que ayuden a generar mejores condiciones de competencia a la industria nacional, disminuyendo o anulando el margen de ganancia del contrabandista que le permite coimear y corromper en su delictivo accionar.

Propongo: ¿Por qué no eliminar el IVA y el IT para la producción nacional de alimentos industrializados? Si se lo hace, los alimentos y bebidas “hechos en Bolivia” recuperarían mercado, se venderían más, habría más empleo e ingresos para las familias bolivianas, que es lo que precisamos con urgencia.

Vean este ejemplo: la harina boliviana producida legalmente está entre Bs 190 y Bs 200 el quintal, mientras que la harina argentina contrabandeada cuesta solo Bs 160. Eliminando el IVA y el IT para la harina nacional, costaría poco más de Bs160, con lo que el margen para el contrabandista se acabaría y nosotros produciríamos más. Lo están haciendo otros países, especialmente en los duros tiempos de la pandemia por el Covid-19. Hagamos la prueba, unos 6 meses, a ver cómo nos va. Y si alguien osa oponerse y decir que mejor así nomás porque lo contrabandeado es más barato, responderé: “Cuidado, lo barato cuesta caro”, tanto en lo individual como en lo colectivo…

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