Parques naturales, tierra de drogas
Los parques nacionales de Bolivia están abandonados, el Estado no los cuida y, como consecuencia natural, el narcotráfico se apropia de ellos para instalar allí sus fábricas de cocaína, cuando no son los colonos los que llegan primero a ocupar tierras, a hacer desmontes y asentarse ilegalmente con ayuda de la indiferencia de las autoridades. Así de dramático es el destino de nuestros parques, que con el tiempo terminarán desapareciendo si las cosas continúan como van en este tiempo.
Para no ir muy atrás, este fin de semana la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) encontró dos grandes laboratorios de cristalización de cocaína dentro de Parque Noel Kempff Mercado.
Las factorías probablemente seguirían produciendo y exportando cocaína de no haber ocurrido el accidente de un helicóptero Robinson que se estrelló porque se había elevado desde el lugar con más carga que la que permitía su capacidad: cargó 270 kilogramos de droga y por exceso de peso cayó en la hacienda Caparú, de la comunidad Campamento del municipio de San Ignacio de Velasco.
Los comunarios de la población de Chirimoya vieron el accidente, denunciaron el hecho a las fuerzas antidroga y ayudaron a capturar al piloto Javier Escobar Brítez, un ex militar paraguayo que fue detenido junto a los bolivianos Leodán Choma Sibrón y Genaro Burgos Tomichá, quienes escondieron los paquetes de la droga en el monte, aunque luego fueron encontrados y decomisados.
A partir de esos hechos se descubrió que el helicóptero decoló del área protegida Noel Kempff Mercado. Hasta allí acudieron los efectivos antidroga y descubrieron dos grandes laboratorios de cristalización de droga.
En uno de ellos se encontró 17 dormitorios con 36 camas; ahí se producía alrededor de 100 a 150 kilogramos de clorhidrato de cocaína por día.
Las fábricas ocupaban una superficie de cinco hectáreas a orillas del río Paraguá (San Miguel de Velasco), y para acceder al lugar se debe recorrer al menos 12 horas de viaje por tierra desde el pueblo más cercano.
En las áreas protegidas se da el fenómeno de la ocupación ilegal de tierras. En Bajo Paraguá, abrieron una brecha de siete kilómetros entre enero y marzo de este año, igual que ya hicieron el año 2021.
Los expertos forestales dicen que abrir brechas es una manera de delinear el mapa de los futuros asentamientos humanos a los costados de esas rutas que se abren paso entre el monte. Se trata de una reserva municipal que no tiene guardaparques, por lo que esas tierras son materia disponible para avasallamientos y desmontes.
La Autoridad de Fiscalización y control de Bosque y Tierra (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio de Desarrollo Rural son las instituciones indicadas para evitar la ocupación ilegal de tierras que corresponden a parques nacionales o reservas forestales, pero a menudo se las acusa de ser cómplices silenciosos de los abusos por la afinidad política que comparten con los avasalladores.
La presencia del narcotráfico en los parques y las ocupaciones de tierras con fines de asentamientos humanos de migrantes de Occidente del país en las tierras del Oriente son apenas dos señales más de esa desestructuración sin retorno del Estado boliviano, que pierde control allí donde tendría que pisar fuerte, que se desentiende de sus responsabilidades, que deja que cada quien haga lo que mejor le parece, sin importarle si eso ocurre por fuera de la ley.
