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OPINIÓN

Peligrosa brecha fiscal

Antonio Rocha 25/7/2020 03:00

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Analizados los informes de las entidades recaudadoras del país al primer semestre de 2020 a través de los Informes Públicos de Rendición de Cuentas a la población representada por las organizaciones de control social, no podemos menos que preocuparnos por la profunda y peligrosa brecha fiscal que se acrecienta sobre los débiles cimientos de nuestra economía primaria. Analicemos el problema de forma objetiva para medir la gravedad de la situación y quizás compartamos algunas medidas preventivas.

El año 2019 que de por sí ya fue un año complejo por la situación de las finanzas públicas con un déficit fiscal del 8% sobre el PIB, una balanza comercial deficitaria en 900 millones de dólares, una caída del 57% de las reservas internacionales netas de hace un lustro, y una deuda externa de 11 mil millones de dólares, la recaudación fiscal del Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional alcanzó los 6.800 millones de dólares representando poco menos del 17% del PIB que sumado a la renta por la producción de hidrocarburos de 1.400 millones de dólares y la renta minera de 470 millones de dólares el año 2019 totalizaron 8.670 millones de dólares de ingresos fiscales equivalentes al 21% del PIB nacional.

Ahora bien, de lo anterior podemos colegir que si el año pasado los ingresos fiscales escasamente cubrieron un 25% del presupuesto de gastos del sobre dimensionado Estado y otro 28% lo cubrieron los ingresos por operación de la venta de gas natural, es evidente que el resto de gastos fueron solventados con deuda externa e interna, las reservas internacionales y la economía clandestina del contrabando, y narcotráfico cuyos recursos se reinyectan a la economía en la construcción, las importaciones de bienes suntuarios o la compra de servicios en general.

Este año ya está marcado por el nefasto rastro que dejará en todos nosotros la pandemia del Corona Virus, pero será aun peor la laceración que nos dejará en la economía y el empleo de los bolivianos, más aun cuando menos de un millón de personas de la población económicamente activa tiene empleo formal y más de cuatro millones de personas viven del empleo informal, denominados trabajadores por cuenta propia. Los primeros se estima entrarán en cesantía hasta un 20% y los segundos verán reducidos sus ingresos propios entre un 35% y 40%. 

La recaudación aduanera, parte importante de los ingresos corrientes del Presupuesto General del Estado (PGE), se redujo hasta Mayo pasado de 6.000 millones de Bolivianos a 3.900 millones con respecto al mismo periodo en 2019, esto equivale a una reducción en los ingresos del 36% mientras que la recaudación del Servicio de Impuestos Nacionales habría caído en casi el 60%, considerando los diferimientos en los pagos de los impuestos internos del IVA, IT e IUE, esto además de la lógica reducción de actividad económica producto de la cuarentena que paralizó dos terceras parte de la actividad económica del país.

Los ingresos por operación del PGE que básicamente corresponde a los pagos de YPFB al TGN por las exportaciones de gas natural al Brasil y Argentina y por el consumo interno, se verán drásticamente reducidos al haberse caído las exportaciones en 14% en lo que va del año, mientras que las exportaciones de minerales que también representan ingresos por regalías e impuestos directos a Mayo de 2020 cayeron en casi el 50% respecto al mismo periodo del año 2019. En su conjunto, la afectación a los ingresos corrientes que representan el 65% de los ingresos del TGN podría significar ya un déficit fiscal de al menos 13% del PIB al primer semestre.

Otro de los problemas que confronta el Gobierno es la probable reducción de los restantes 35% de ingresos de las Fuentes Financieras que corresponden a los recursos acumulados por presupuestos no ejecutados y la contratación de crédito externo e interno, que en el primer caso se acaba de ejecutar su disponibilidad con la devolución de recursos confiscados del IDH a las Gobernaciones, Municipios y Universidades, y respecto a los créditos para financiar los gastos extraordinarios en salud y reactivación de la economía y el empleo aún siguen inexplicablemente entrabados en la Asamblea.

La única forma de paliar un déficit desproporcional como el que se podría venir es con financiamiento externo de al menos 20% del PIB, esto es unos 8.000 millones de dólares, aparejado de una moratoria de la deuda externa de la que ya se habló en la reciente reunión del G20, además solicitar condonar servicio de la deuda, e indispensable recomponer el gasto público que se devora el 60% del PGE y que se multiplicó por cuatro en los últimos años del anterior gobierno.