Periodismo bajo amenaza

El periodismo está bajo amenaza. La búsqueda de la verdad se torna en una actividad de alto riesgo, en un mundo en el que hay poderes que buscan que lo oscuro se mantenga escondido y que por eso hostigan a los reporteros y a los medios de comunicación, cuyo único compromiso es el servicio social de mantener informada a la ciudadanía.

La Asociación Nacional de la Prensa, a través de su Unidad de Monitoreo, registró y documentó 38 agresiones a periodistas entre enero y julio de este año. La última fue el ataque verbal y amenaza sufrida por el periodista Guider Arancibia de EL DEBER, por la publicación de una noticia sobre narcotráfico, además de que el autor de la agresión llegó hasta la misma Redacción de esta casa periodística con el fin de intimidar a sus miembros.

“Lo voy a demandar a la Fiscalía y usted me va a demostrar que la Fiscalía le dio esa nota, porque de aquí para adelante tenga mucho cuidado. Se lo digo así. ¿Me entiende no? (No hay que) hablar y denigrar a una familia cuando mis nietos ya son jóvenes. Estamos cansados en la familia Lima Lobo de todas estas huevadas que hacen ustedes”, dijo el hombre que irrumpió en la Redacción, desde donde llamó al periodista.

La amenaza mereció la condena de la Asociación Nacional de la Prensa, de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, así como del Comité pro Santa Cruz, del gobernador Luis Fernando Camacho, del expresidente Carlos Mesa, así como de otras organizaciones y personalidades.

Dos ministros de Estado se pronunciaron, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo: “Desde el Ministerio de Gobierno, y en cumplimiento de nuestra labor constitucional y nuestras prerrogativas legales, se le brindarán todas las garantías necesarias para que continúe realizando su labor periodística e investigativa” tuiteó. A su vez, el titular de Justicia, Iván Lima, aseguró que la libertad de prensa tiene garantías en Bolivia.

Y así debería ser sin concesiones. La Declaración de Principios para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que se ha adherido Bolivia, señala textualmente: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”. Asimismo, deja claro que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y reparar los daños.

Está todo muy claramente escrito y no hay excusa para que se evite la protección de los periodistas; sin embargo, no ocurre de ese modo. Cualquier abogado se cree con derecho a expulsar a los periodistas de una audiencia pública, como pasó en Santa Cruz. Cualquier dirigente se siente libre y empoderado para arrebatar equipos de prensa a periodistas que le resultan incómodos. Cualquier avasallador se siente impune para secuestrar, torturar a hombres y mujeres de prensa, y para destruir equipos de prensa de los reporteros.

No basta con decir que la libertad de prensa se respeta en Bolivia, cuando los hechos van demostrando lo contrario y la realidad pone en evidencia que se trata de un trabajo desprotegido y valiente para mantener el principio de búsqueda de la verdad.

Es urgente que el Estado garantice el trabajo de los periodistas. Que la ciudadanía tome conciencia de que un periodista agredido es lo mismo que el afán de perforar la libertad que tiene de estar informado sin presiones ni censuras.

Que no se normalicen hechos que son de alta gravedad y que atentan contra las libertades ciudadanas y los más sagrados principios de la democracia y de los derechos humanos.