Si nos preguntamos cuál fue el mayor logro del relacionamiento internacional boliviano de los últimos cincuenta años, la respuesta difícilmente admitiría discusión. Fue la negociación del contrato de compraventa de gas natural con Brasil y la construcción del Gasoducto GASBOL.
No se trató simplemente de un contrato comercial. Fue una auténtica política de Estado, construida durante décadas mediante negociaciones diplomáticas, energéticas, financieras y empresariales entre Bolivia y Brasil. Un proceso que comenzó en los años sesenta, tomó forma con el Acuerdo de Cochabamba de 1974 y culminó en la década de 1990 con los contratos suscritos entre YPFB y Petrobras.
Las razones que explican su trascendencia son evidentes. Primero, transformó la relación bilateral con Brasil, dejando de estar centrada exclusivamente en cuestiones fronterizas para convertirse en una asociación energética estratégica. Segundo, garantizó durante más de dos décadas un mercado estable para el gas boliviano, otorgando previsibilidad a las exportaciones y a las finanzas públicas con un aporte de 60.000 millones de dólares. Tercero, materializó una de las mayores obras de integración física y energética: un gasoducto de más de 3.000 kilómetros que conectó dos economías complementarias. Cuarto, convirtió a Bolivia en un actor energético relevante en la región, fortaleciendo su peso político y estratégico.
Ningún otro logro del relacionamiento internacional boliviano produjo beneficios comparables. Fue el caso más exitoso de una diplomacia orientada al desarrollo, con resultados tangibles y verificables: ingresos fiscales, inversión extranjera, infraestructura estratégica e integración regional efectiva.
Entre las numerosas personas que contribuyeron a hacer realidad ese proyecto, destaca la figura de Herbert Müller. Aunque nunca ocupó funciones en la Cancillería, en los hechos fue uno de los negociadores más eficaces de la historia reciente del país; capacidad imprescindible que todo diplomático debe tener. Sabía que la diplomacia no son discursos ni declaraciones grandilocuentes, sino que requiere visión geopolítica, conocimiento técnico y capacidad de negociación.
Müller entendió algo que con frecuencia se olvida. Los grandes acuerdos no se construyen desde una lógica pedigüeña. Comprendió la dimensión económica y geopolítica del Brasil y propuso una relación de ganancias compartidas; condición indispensable para cualquier negociación y integración duradera.
Lamentablemente, esos logros quedaron atrás. En la actualidad la situación del sector hidrocarburífero es preocupante. Bolivia necesita urgentemente reconstruir vínculos de confianza con las grandes empresas petroleras y recuperar su capacidad de atraer inversiones al sector.
Durante la reciente Cumbre del MERCOSUR, el presidente Rodrigo Paz solicitó a Luiz Inácio Lula da Silva acelerar las negociaciones entre Petrobras y YPFB con el objetivo de aumentar la explotación de gas natural.
Sin embargo, el contexto actual es radicalmente distinto. Antes de la Operación Lava Jato, la influencia presidencial sobre Petrobras era considerable y podía traducirse en decisiones de inversión con una fuerte carga política.
Después del mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña, la situación cambió. Brasil implementó profundas reformas de gobernanza corporativa destinadas a limitar la interferencia política en la empresa. Se fortalecieron los sistemas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y control interno.
En consecuencia, las inversiones de Petrobras ya no dependen de la voluntad política. Hay que demostrar viabilidad económica, rentabilidad financiera y sostenibilidad operativa.
Ese es el escenario real que enfrentarán y que deben superar hoy los negociadores bolivianos.
En ese marco, la reunión presidencial bilateral realizada es útil, pero no basta y mucho menos define. Para asegurar inversiones, lo que Petrobras evaluará serán las condiciones regulatorias, las perspectivas de rentabilidad y seguridad jurídica.
Es precisamente allí donde aparecen las principales carencias. Bolivia mantiene un marco constitucional e hidrocarburífero que continúa generando incertidumbre para la inversión extranjera. A ello se suma una administración de justicia cuya credibilidad es cuestionada tanto dentro como fuera del país. Petrobras conoce de primera mano el poder judicial, está litigando en el caso Tarquía.
Pero existe un problema aún más profundo, que es la debilidad institucional. Las dos entidades llamadas a conducir estas negociaciones, YPFB y la Cancillería, son los emblemas que simbolizan hoy el deterioro institucional. Años de designaciones basadas en lealtades políticas antes que en méritos profesionales han erosionado las capacidades técnicas; y las autoridades jerárquicas nada hacen para enmendar estas deficiencias.
La historia descrita al inicio muestra que los grandes logros internacionales no son producto de la improvisación, ni de la propaganda. Son el resultado de un trabajo silencioso, técnico, visión estratégica, institucionalidad sólida y negociadores competentes.
Por ello, aunque resulte doloroso admitirlo, las probabilidades de alcanzar acuerdos transformadores en las condiciones actuales son reducidas. No porque Brasil carezca de interés en el gas boliviano; al contrario en materia energética ambas economías son complementarias, sino porque el país ha perdido buena parte de los atributos que alguna vez hicieron posible una negociación exitosa.
Lamentablemente, la política exterior actual suele confundir el gesto con el resultado. La fotografía reemplaza al acuerdo, el anuncio sustituye a la inversión; la retórica ocupa el lugar de la estrategia. Así, es probable que el simple apretón de manos entre autoridades de YPFB y Petrobras de la próxima reunión, sea presentado como un éxito histórico, aun cuando no produzca un solo metro cúbico adicional de gas ni un dólar más de inversión.
(*) Windsor Hernani Limarino es economista y diplomático.