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27 de noviembre de 2022, 4:00 AM
27 de noviembre de 2022, 4:00 AM

Fernando Romero*

Hace pocos días, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presentó los objetivos y datos económicos importantes del proyecto de ley para el Presupuesto General del Estado 2023; con metas macroeconómicas tales como un crecimiento del PIB del 4,86%, inferior al 5,1% de estimado para esta gestión, una inflación proyectada del 3,57%, no muy lejana al 3,3% establecida para este año.

Sin embargo, se observa un decrecimiento del 20,1% en la meta de inversión pública para el 2023, con un monto de $us 4.006 millones. Si bien el déficit fiscal que plantea para es del -7,49%, menor al 8,5% de este PGE 2022, se explica, entre tantas razones, que, al tener una menor inversión pública, esto producirá directamente un menor gasto público y; por ende, un menor déficit en el país; pero todo dependerá si es que no se eleva el gasto en otras partidas, o como lo que ocurrió este año con un incremento en el costo de la importación y subvención de combustibles; de hecho, para 2022 se tenía presupuestado Bs 4.794 millones para este efecto, pero ahora el mismo crecerá, en 2023, en 59,4%; es decir a Bs 7.642 millones.

Los PGE agregado y consolidado crecieron en un 4,3 y 3,8% con respecto al 2022; sin embargo, sería interesante analizar un poco mas a fondo, los cambios importantes que se darán en este próximo 2023, en sus presupuestos consolidados de ingresos y gastos cuando se los tenga a detalle; pero se observa que no hubo, en términos porcentuales, mucha variación en la asignación presupuestaria a educación y salud (10,8% y 10,1%), son prácticamente lo mismo en relación al 2022, pero el gasto de Gobierno subió al 2,2% y Defensa bajó al 1,8%, modificaciones muy pequeñas.

En lo que se refiere inversión pública,con respecto al 2022, los sectores multisectorial, productivo e infraestructura tendrán menos recursos, el único que aumentó fue el ‘social’ de Bs 862 a 1.024 millones (del 17,2% al 26%); sin embargo, aunque se proyecte una menor inversión pública, el Gobierno destinará un 42% para el sector productivo, un porcentaje similar que en 2022, pero en menor monto (- 21,5%).

De acuerdo al último informe del FMI, Bolivia tiene proyectado un crecimiento económico del 3,8% y un 3,2% para el 2022 y 2023 respectivamente, con una estimación del desempleo del 4% para la próxima gestión, datos que no se tocaron en este informe ministerial; sin embargo, al parecer el Gobierno reajustó su PGE, metas y política macroeconómica tomando en cuenta informes internacionales pero también al contexto mundial donde la gran mayoría de las economías no se han recuperado plenamente de la pandemia.

En una situación de inestabilidad de mercados de bienes y capitales por la guerra europea, apuntando este proceso a una nueva recesión económica en 2023 con un mayor índice de inflación, al menos a corto plazo; esto elevaría los costos de vida, y necesariamente los gobiernos deben reajustar sus presupuestos a estas perspectivas económicas, más aún si son países en vías de desarrollo y vulnerables a factores endógenos como el nuestro.

Fernando Romero es presidente del Colegio de Economistas de Tarija

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