Opinión

Política salarial

El Deber 5/5/2017 16:00

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Este año es el primero de la gestión del presidente Evo Morales en que el incremento salarial decidido por el Gobierno contiene ‘excepciones’. Junto con las excepciones, la ya famosa frase incluida por el Gobierno en el documento firmado con la Central Obrera Boliviana, aludiendo a que “salva su responsabilidad” sobre los efectos que estos incrementos pudieran tener en el empleo. A esto se sumaron sugestiones muy claras del presidente Morales a los sindicalistas para que miren con responsabilidad esto de los incrementos, que trabajen más para ayudar a las empresas…

Algo muy profundo parece haber cambiado en la actitud del Gobierno, aunque, de todos modos, llegó el anuncio de que el incremento deberá tener vigencia con retroactividad al 1 de enero pasado.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, aumentó esta sensación de duda cuando dijo que las empresas estatales Huanuni, Enatex y Ecobol no estarán obligadas a pagar los incrementos porque están en déficit. A eso se referían las alusiones hechas por el Gobierno, después de aprobado el decreto, sobre la existencia de ‘excepciones’ en esta política.

Hay muchas empresas privadas que, si se las mirara con los ojos con que el ministro Arce miró a las estatales, tendrían que ser liberadas de pagar estos incrementos. Esto tendría que ser aclarado expresamente por el Gobierno, anunciando que las ‘excepciones’ se aplican a todas las empresas, estatales y privadas, o solo a las primeras.

Por principio, una ley es para todos, sin excepciones. Pero ya que se admiten excepciones, quizá tengan que ser universales, y se apliquen a todas las empresas que tengan déficit. Sería un absurdo crear excepciones dentro de las excepciones. Lo que deja esto del incremento salarial en una nebulosa que quizá sea resuelta caso por caso, en un ambiente en que el Gobierno deje hacer a fin de que no se creen problemas ni conflictos.

La crisis económica, que afecta a todos los sectores de la producción, es la que motivó a los empresarios privados a cuestionar los últimos incrementos. Es probable que, al ablandar las condiciones y dejar abiertas soluciones sectoriales o empresariales, se esté admitiendo que en el Gobierno hay la conciencia de que no sería conveniente aplicar nuevas medidas que amenacen con exterminar al sector formal, ya tan debilitado por la presión tributaria y el contrabando. 

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