Si las políticas de Estado el gobierno nacional las cumpliera de acuerdo a los tiempos establecidos por las normas, entonces los criterios técnicos hubieran determinado el proceso del censo y se desarrollaría en noviembre de 2022. Pero en realidad son los criterios políticos que lo han condicionado para que se realice en 2024.

En marzo –cuando el 16 de noviembre era la fecha de la encuesta nacional y el INE decía que todo iba viento en popa- el rector de la Uagrn, Vicente Cuéllar, manifestó: “Lo que nosotros queremos reclamar con esta marcha es tener acceso a la información, queremos conocer la ruta crítica del censo, cuáles son las actividades concluidas, cuáles están en curso y cuáles son las actividades programadas, indicando fecha de realización, porque de lo contrario el INE está caminando a ciegas y no está haciendo conocer a la población boliviana con absoluta claridad esta información básica”. Como respuesta, Humberto Arandia, el director del INE, “instó” a que no se politice el proceso porque era eminentemente técnico, y “exigió” a la Uagrm y la Asamblea Departamental Cruceña que “dejen de mentir”.

En la reciente reunión del presidente con los alcaldes de ciudades capitales (julio), se reconoció oficialmente –lo que ya el rector de la Uagrm había denunciado en marzo- el magro avance del proceso técnico. El alcalde de La Paz, Iván Arias, destacó el sinceramiento del presidente respecto a lo que no ha realizado el INE. En sus palabras: “Nos hemos enterado de cosas que no estaban dichas y que es la primera vez que el presidente se abre. Nos dijeron que estaba avanzado el 60% y nos enteramos que las cartografías solamente en las ciudades de Oruro, Potosí y Tarija están avanzadas en 50%. En cartografía estamos casi en cero y que todo el proceso de contrataciones para equipamientos que se necesitan, está en cero”.

El efecto de aquel encuentro institucional fue el acuerdo político de que una comisión técnica, dirigida por el INE, socializará aspectos técnicos del censo en cada departamento con los equipos técnicos de los gobiernos municipales de ciudades capitales y universidades públicas, con el propósito de “despolitizar el proceso”.

En este nuevo momento del proceso del censo, la estrategia discursiva del gobierno nacional contiene dos palabras claves: socializar y despolitizar. Socializar con los equipos técnicos de las diversas regiones y justificar su reprogramación para 2024. Despolitizar para deslegitimar a todo representante político o cívico que esté en contra del nuevo guion oficialista (comité interinstitucional). Lo políticamente significativo de aquel encuentro es que los alcaldes han adoptado y adaptado la estrategia discursiva gubernamental. La mejor muestra es el alcalde de la capital cruceña.

La politización del proceso del censo se inició con la falta de información clara y veraz. ¿Por qué? Porque ha quedado demostrada la mentira del INE: que era técnicamente posible realizarlo en noviembre de 2022. Es decir, el rector de la UAGRM siempre tuvo la razón cuando decía que estaba desinformado sobre su ruta crítica. Ahora, con el sinceramiento del gobierno nacional, aunque de forma tardía, se aclara todo.

En general, el proceso del censo seguirá politizado mientras el gobierno nacional no tome seriamente en cuenta el criterio técnico de la Uagrm que propone ejecutarlo en 2023, y niegue la importancia del rol político de las autoridades autónomas opositoras bajo el argumento de despolitizarlo, a pesar de que el primero que lo politizó fue Arandia con su gran mentira.