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9 de julio de 2017, 16:00 PM
9 de julio de 2017, 16:00 PM

La última transformación significativa o cambio revolucionario dirigido a solucionar gran parte de los problemas políticos y satisfacer reivindicaciones sociales y económicas fue la Asamblea Constituyente que dio como resultado la Constitución Política del Estado de 2009, que con más luces que sombras, tiene la característica fundamental de su aplicación directa y justicia material. 


Pero resulta que los ciudadanos y sobre todo las autoridades, con contadas excepciones, estamos acostumbrados a buscarle la vuelta a la norma y a encontrarle significados ilógicos en función de intereses personales o grupales, lejos de la voluntad creadora del constituyente y si ello no es suficiente para satisfacerlos, simplemente dejamos de aplicarla. Pero ¿porque no existe la voluntad de aplicar la norma suprema de reciente creación? Los modernos Estados Constitucionales de Derecho avanzan en el éxito y el progreso por respetar y aplicar su norma fundamental, así como la legal en función de la primera.


En entrevista con EL DEBER, la presidenta de la Cámara de Diputados reafirmó la intención ya manifiesta por el congreso del MAS, de diciembre de 2016, de repostular por tercera vez consecutiva al presidente Evo Morales como candidato en 2019, haciendo caso omiso del (art. 168 de la CPE) que lo prohíbe y en franca negación de sendos artículos y opiniones especializadas que han establecido los límites autónomos y heterónomos que hacen inviable dicha reforma por las vías propuestas y que implicaría vulneración a su parte dogmática, trastocando la pluralidad, la alternancia y la fiscalización.

Su justificación es que “es una buena autoridad y, por tanto, insustituible”. ¿Son suficientes estos fundamentos de magnificencia aduladora para quebrar la norma fundamental y encima desconocer el resultado de un referéndum que le dijo No a la repostulación?


Es aquí donde nos damos cuenta que no existe voluntad real de aplicar la CPE ni de hacer lo correcto, ya que en este país no había bastado que el mismo Gobierno la impulse y apruebe, siendo las principales autoridades sus primeros vulneradores.

Ello nos lleva a concluir que en Bolivia hace falta revolucionar la voluntad ante el irrespeto a la CPE, no bastando que las normas morales y éticas estén positivadas para su aplicación, con la necesidad ineludible de transformación profunda de intenciones egoístas en intereses de poder, por cumplimientos categóricos mejor no condicionados, o sea, ¿cumplo la norma porque es obligatoria? o cumplo la norma porque es obligatoria y me conviene?  Es esta última categoría que nos lleva a revolucionar nuestra voluntad sin condicionamientos, en “simplemente lo hago porque es bueno y lo cumplo porque es correcto en sí mismo”. Vale decir que si nuestras principales autoridades no demuestran un mínimo de intenciones y acciones que ejemplifiquen el deber ser y lo correcto, menos podrán exigir cumplimiento de la norma y lo correcto a los demás ciudadanos. No existe moral, ni ética para ello.


Resulta necesario volver a la fase previa de la norma y revisar nuestras intenciones revolucionando nuestra voluntad para hacer lo que es correcto, lo cual para información de nuestras máximas autoridades no es una utopía y por el contrario resulta digno de imitar, sino recordemos a Simón Bolívar que prefirió ser Libertador antes que emperador endiosado. 

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