Opinión

Por qué la ley no es igual para todos

2/5/2021 10:14

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Luis Adolfo Guillén Sánchez/ABOGADO

Bajo principio general, la ley es igual para todos los ciudadanos que se encuentran en un determinado territorio. Sin embargo, existen supuestos en los que el ámbito personal de validez de la norma jurídica penal no se aplica, o lo que es lo mismo, el principio de igualdad no surte sus efectos.

Importante remarcar que la existencia de estos presupuestos no implica una violación a las garantías individuales de los gobernados, ya que hay casos especiales en los que se aplica esta excepcionalidad que se encuentran perfectamente justificados.

Tal es así, que determinados servidores públicos, ante la comisión de un delito, se les da un tratamiento especial, derivado de la función que desempeñan dentro de la estructura del Estado.

Los fueros presidenciales y parlamentarios fueron ideados como un contrapeso que permita evitar riesgos potenciales, producto de persecuciones generadas por adversarios políticos o por la justicia, es una forma de protección y un equilibrio de poderes en las democracias liberales, la cual dota a parlamentarios y presidentes de mecanismos para el libre ejercicio de sus opiniones y acciones sustantivas de gobierno.

En Bolivia se cuenta con los fueros parlamentarios donde las y los asambleístas gozan de inviolabilidad personal y no pueden ser procesados penalmente durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones conforme lo establece el Art. 151, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Constitución Plurinacional eliminó la inmunidad parlamentaria, por lo que senadores y diputados ante la comisión de un delito ordinario deben someterse a la justicia sin privilegios. Sin embargo, continúa vigente la restricción de imposición de detención preventiva durante su mandato, en los procesos penales, salvo delito flagrante Art. 152 de la Carta Magna.

En cuanto al fuero presidencial, se cuenta con la Ley del 8 de octubre del 2010, Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley Nº 612, 4 de diciembre de 2014, donde se define que el o la presidente podrá ser procesada por las siguientes causales: (a) traición a la Patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, (b) violación de los derechos y de las garantías individuales consagradas en el Título II y Título IV de la Constitución Política del Estado; (c) uso indebido de influencias; (d) negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; (e) resoluciones contrarias a la Constitución; (f) anticipación o prolongación de funciones; (g) concusión; (h) exacciones; (i) genocidio; (j) soborno y cohecho; y (k) cualquier otro delito propio cometido en el ejercicio de sus funciones.

Además, cualquier ciudadano podrá iniciar la acción judicial ante la Fiscalía, que deberá investigar y si procede o tiene mérito la denuncia, trasladará la causa al Tribunal Supremo de Justicia donde será revisada por la Sala Penal que, de encontrar mérito para iniciar juicio, deberá presentar los argumentos ante la Asamblea Legislativa y solicitarle permiso para investigar y procesar al presidente o presidenta.

Para lograr la autorización de juicio se requieren dos tercios de los votos de la Asamblea, y si es favorable la sala Penal adelantará el proceso judicial conforme disponga la Ley.

No es menos importante hacer una mención del artículo 51, numeral VI. De la Constitución Política del Estado, que garantiza el fuero sindical por el que se establece que no se someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical, al síndico, en tal sentido es necesario aclarar que este fuero responde solo a actividades no delictivas, no es posible en un Estado de Derecho que a nombre del sindicalismo se realicen actos delictivos, los cuales pueden ir desde mellar la dignidad de una persona o destrucción a los bienes públicos, los cuales es lógico deben ser sancionados por la justicia ordinaria.

Además, habrá que delimitar, cual es el acto que se va a considerar como sindical, toda vez que, por ejemplo, no es posible que el sindicato de choferes realice actos vandálicos por una situación política, más se considerara como justo que exista una protesta adecuada ante, por ejemplo, el alza de precios de la gasolina. Lamentablemente al presente no se hace una diferenciación y se tiene que los sindicatos tienen una activa y agresiva participación en la política del país.

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