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En un año marcado por la crisis económica debido a la pandemia del Covid-19, el agro demostró alta eficiencia en su desempeño productivo porque alcanzó una mayor área cultivada, mayor volumen de grano producido y con esa autoridad moral requiere de políticas públicas para sostener el crecimiento del sector, además de un pacto para garantizar la seguridad alimentaria. El agro estima que eso contribuirá a incentivar la inversión en el aparato productivo nacional.

Las cifras son alentadoras: pese a la drástica caída de la oferta y la demanda con el cierre de fronteras y las cuarentenas rígidas de este año, la superficie cultivada alcanzó a 2,75 millones de hectáreas, que representa un crecimiento de 1,3 por ciento en comparación a 2019.

Este año la producción agrícola fue de 15,94 millones de toneladas, lo que representa 8,41 por ciento más que en 2019, debido principalmente al significativo incremento en el rendimiento de los cultivos.

El índice global de actividad económica del INE señala que hasta septiembre la agropecuaria boliviana creció casi 2 por ciento, a diferencia de todos los otros sectores que decrecieron.

En realidad, el agro ha tenido extraordinarias cifras de crecimiento desde el 2019 y el potencial es auspicioso para tener mejores resultados aun en las próximas gestiones, pero eso no se podría lograr sin un pacto del Estado para apoyar en muchos sentidos a este sector estratégico de la economía nacional.

Para comenzar, es preciso superar el rezago tecnológico del productor agropecuario boliviano para alcanzar los propósitos de crecimiento, generación de empleos, provisión de alimentos y dar mejor calidad de vida a las familias, y para eso el Estado tendría que facilitar el acceso de los productores a tecnología de reciente generación.

Enseguida, es urgente frenar el contrabando de productos de origen agropecuario, levantar las restricciones a las cadenas productivas, incentivar las inversiones, abrir nuevos mercados internacionales y movilizar una campaña con medidas para reactivar la oferta y la demanda interna.

En todas esas tareas el actor principal es el Estado y sus instituciones, principalmente el Gobierno, que por ahora parece no haber comprendido a cabalidad la naturaleza estratégica del agro porque hace pocos días anunció la abrogación del decreto 4139 aprobado en el Gobierno de transición y que liberaba las exportaciones sin necesidad de presentar certificado de abastecimiento interno y precio justo.

Igualmente, se anunció la abrogación del decreto que establece procedimientos abreviados para la adopción y uso de semillas genéticamente modificadas en el caso del maíz, caña de azúcar, algodón trigo y soya, aprobada en la gestión de Jeanine Áñez.

A esto hay que sumar que el año pasado los productores agropecuarios hicieron fuertes inversiones para producir etanol, pero el Estado no cumplió con su parte porque la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos paralizó la compra de este producto a las empresas cañeras.

El sector agropecuario genera más del 10 por ciento de los empleos formales directos del país y tiene grandes condiciones de generar el ingreso de divisas y de elevar su participación en la cuota de empleos; solo necesita políticas públicas que sostengan y promuevan un mayor crecimiento de la producción. En ese momento no solo se habrá dado un gran paso para garantizar la seguridad alimentaria interna, sino también se habrá alcanzado nuevamente el objetivo de tener superávit comercial, en beneficio de la economía nacional.

 



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