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Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará al país con el objetivo de investigar las muertes de Senkata y Sacaba; estará el presidente de esa instancia junto a un grupo de cinco expertos de alto nivel internacional desde el próximo día 23.

Calificado por el Gobierno como independiente e imparcial, el Grupo Interdisciplinario de Expertos investigará y aportará detalles técnicos y argumentales sobre lo acontecido en esas poblaciones en noviembre de 2019, en los enfrentamientos entre manifestantes y organismos del orden del país.

Se estima que en esos acontecimientos fallecieron 37 personas, de las cuales 27 fueron por impacto de balas: 10 en Senkata (La Paz), 10 en Sacaba (Cochabamba), tres en Ovejuyo (La Paz), tres en Montero (Santa Cruz) y una en Betanzos (Potosí).

Si bien en los dos casos más graves por el número de víctimas son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las principales señaladas por las familias de los fallecidos, la comisión tendrá que investigar a profundidad -a ver si es posible hacerlo un año después- el origen de los proyectiles, porque en Bolivia se ha dado más de una vez la circunstancia de que por estrategia política una bala de reglamento no necesariamente sale de un efectivo de alguna de esas dos instituciones.

En política -al menos en Bolivia- todo vale, y ejemplos los hay variados, por lo que se espera que el trabajo de la citada misión de la CIDH se realice apegado a la rigurosidad científica en la que ellos son expertos, como se ha dicho.

Al mismo tiempo, sería ilógico que solo se investigue las muertes de Senkata y Sacaba, porque también se han producido fallecimientos por impacto de bala en Montero, Ovejuyo y Betanzos, donde las sospechas señalan no a policías ni militares, sino a personas cercanas al Movimiento Al Socialismo, ahora otra vez en función de Gobierno.

También la misión de la CIDH debe investigar la fabricación de bombas Molotov en instalaciones del Ministerio de Culturas, la quema de 60 buses del sistema paceño de los Pumakatari y otros actos de vandalismo asociados a la violación de los derechos humanos

La CIDH debe demostrarle al país su auténtica independencia en estas delicadas investigaciones, porque el riesgo es que al ser los Estados los interlocutores naturales las organizaciones internacionales, como a la que pertenece la CIDH, su mirada tenga la influencia directa del actual Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Justicia o la Defensoría del Pueblo.

Sensiblemente en Bolivia tenemos malas experiencias con las investigaciones de la justicia, porque sus órganos -hay que decirlo sin vueltas- están al servicio del poder político. Si a alguien le quedaba alguna duda de esta triste realidad, solo basta recordar lo que ocurrió en las recientes dos semanas en que de pronto, en coincidencia con los nuevos vientos de poder desde el triunfo del MAS en las elecciones, los jueces comenzaron a liberar a ex autoridades, militantes y colaboradores de ese partido.

Esa es la condición de la justicia boliviana, y por eso se espera que la misión de la CIDH demuestre una actuación absolutamente independiente del poder político actual, y que por lo mismo debe volcar sus esfuerzos no solo a Senkata y Sacaba, sino también a Montero y los otros actos violatorios aquí citados.