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El Gobierno ha definido un paquete de medidas económicas que es inquietante para el sector productivo nacional. Por un lado, está en tratamiento el proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas y el de la reducción del Impuesto Al Valor Agregado. Por otro lado, han sido abrogados siete decretos económicos de la pasada gestión gubernamental, entre los que se encontraban la liberación de las exportaciones y el incentivo tributario a los emprendedores.

En el caso del proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas, que deberían pagar las personas naturales con un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, se pretende recaudar alrededor de $us 15 millones de dólares y, en cambio, se deja en la nebulosa cómo se va a calcular el valor de ese patrimonio, se gravará la fortuna que los bolivianos tengan dentro y fuera del país y también se cobrará el tributo a los extranjeros que permanezcan más de 183 días (continuos o discontinuos) en Bolivia. La mayor preocupación de esta disposición, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, es que ahuyenta las inversiones, particularmente las extranjeras.

No queda claro si quienes acumulan grandes fortunas en el ámbito informal de la economía (por ejemplo, los que ganan millones del contrabando) van a ser tocados por esta norma o es que se va a castigar a los que siempre tributan por las empresas y los bienes que tienen legalmente constituidos

Por otro lado, se decide restituir el límite a las exportaciones y se lo hace cuando los precios internacionales de la soya y otros granos están en un pico de $us 430 por tonelada que no se veía desde hace años. Ahora los productores deben cumplir morosos trámites y además vender por cupos al extranjero, lo que significa una pérdida de oportunidades que no beneficia al país. Hay que recordar que en el último informe sobre el Índice General de Actividades Económicas (proporcionado por el INE el 26 de noviembre) el sector agropecuario ha sido el segundo de mayor crecimiento, lo que significa que no tuvo números rojos en pleno año de la pandemia, que tuvo movimiento y que mantuvo empleos. ¿O es que quizás desde el occidente del país aún no se sabe sobre la magnitud de la cadena productiva que genera el ámbito pecuario y agrícola?

El Gobierno de Luis Arce también abrogó el decreto 4298 de apoyo tributario a los emprendedores, en el que se permitía una incorporación progresiva de este sector y de los profesionales al régimen general. Esto contrasta con la realidad actual en la que hay más del 10% de desempleo general y casi el 20% de jóvenes desocupados, cuya situación los empuja a la informalidad y, en muchos casos, a la ilegalidad en procura de un sustento diario.

En Bolivia la actividad informal (en negro porque ni cumplen la legislación laboral ni tributan) es de alrededor del 70% y no se han visto decisiones destinadas a disminuir este porcentaje; por el contrario, el contrabando sigue invadiendo los mercados, entre otros males que tienen que ver con el problema.

Bolivia necesita salir de la crisis y para hacerlo es urgente que haya un esfuerzo mancomunado. Las medidas políticas no van a ser efectivas, porque lo que se precisa es que haya una estrategia económica que olvide las cuestiones ideológicas y que solo ponga en mente que estamos atravesando una tormenta. El Gobierno no puede olvidar que precisa de los privados, de la inversión extranjera directa, de las cooperativas y de toda estructura que permita levantarnos de este pozo.



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