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La decisión del Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez de clausurar el año escolar debido a la pandemia del Coronavirus en Bolivia podría pasar como un lamentable traspié, quizá uno de los más graves, de esta gestión, por las muchas implicaciones perjudiciales que tiene para más de tres millones de estudiantes de primaria y secundaria en el país.
Tal decisión no tiene justificación alguna; ninguna autoridad supo explicar coherentemente el por qué de esa drástica medida y todos, desde la Presidenta hasta los viceministros, solo atinan a repetir que la idea es evitar que los niños se contagien en la escuela.

¿Cuál escuela? Ningún establecimiento educativo está abierto desde el inicio de la pandemia y por tanto no hay un lugar donde pudieran contagiarse. Se supone que la educación es a distancia, y si no es, el Ministerio de Educación tendría que impulsarla sin miedo y con mirada al futuro. 

Lo que consiguió el Gobierno con la polémica decisión es una demostración de incapacidad para manejar un tema de conflicto con el sindicalismo de los maestros, una capitulación ante sus dirigentes, una muestra de debilidad poco recomendable en esta emergencia sanitaria. 

Las autoridades nacionales actuales debieran cuidar el detalle de no pasar a la historia como el Gobierno que privó de educación a los niños y jóvenes durante la pandemia del Covid-19, de por sí ya muy trágica.

¿Ya se enteró el gobierno que muchos colegios particulares anunciaron que ellos continuarán con la gestión escolar de manera no presencial? Los estudiantes de esos establecimientos son el 10 por ciento del país; el restante 90 por ciento estudian en colegios fiscales y esos muchachos se quedarán sin educación, arrastrarán desventaja frente a sus contemporáneos cuyos padres tienen la posibilidad de pagar unas pensiones. 

Así, el Gobierno se estará anotando un autogol discriminatorio contra la inmensa mayoría de los estudiantes bolivianos.
Salió el ministro Víctor Hugo Cárdenas en actitud de “donde dije digo, digo Diego”, intentando corregir -ni siquiera borrar- con el codo lo que firmaron con la mano, para intentar convencer a una audiencia descontenta de su curiosa teoría de que la educación virtual y a distancia va a continuar normalmente. Si fuera así, la pregunta inmediata ¿entonces para qué clausuraron el año? 

“El cierre del año escolar es un cierre académico y administrativo, pero eso no significa que la educación pare, eso va a continuar”, dice el ministro, casi en tragicómica competencia con el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, quien propuso que si algún padre de familia siente que su hijo se perjudicará este año con la clausura, que el próximo año lo vuelva a inscribir en el mismo curso.

Si la preocupación del Gobierno es que los niños del campo no tienen conexiones a internet para acceder a la educación a distancia, este es un buen momento para acortar esa brecha con las ciudades, y proveer de conexiones vía satélite (¿no es para eso el famoso Tupac Katari?) y en última instancia entregar paquetes de datos móviles a los estudiantes para hacer uso en sus conexiones educativas. 

La presidenta Jeanine Áñez está ante un dilema que puede comprometer seriamente su autoridad: o continúa avalando una decisión equivocada, como ya se vio con todas las expresiones de rechazo y los argumentos en contra de la medida, o revierte la clausura dando un paso atrás. No es lo ideal, ciertamente, pero el error ya ha sido cometido por ellos mismos, y no corregirlo sería peor.