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Tuvieron que pasar seis días de paro multisectorial, tuvieron que haber enfrentamientos y víctimas de violencia y odio hasta que el gobierno reflexionó y terminó reconociendo que la Ley 1386 de Estrategia de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo afectaba a los sectores que iniciaron las protestas. “Evidentemente, hay factores que estaban afectando o estaban inquietando a ciertos sectores sociales, como transporte, gremiales”, ha dicho el presidente Luis Arce.

Los días de paro obedecieron a la ausencia de escenarios de diálogo para atender la demanda del pueblo, sobre las normas aprobadas con el rodillo oficialista en el Legislativo, lo que también significa el repudio de los bolivianos a la errada idea de que el MAS puede aprobar lo que quiera en la Asamblea Legislativa Plurinacional y hacerlo a espaldas de los ciudadanos, que en realidad constituyen el soberano mandante de los que circunstancialmente tienen el poder.

A pesar de la decisión de abrogar la norma, en el MAS se mantiene la fórmula de creer y hacer creer que todos conspiran contra la gestión de Luis Arce, que la ley 1386 es solo un pretexto de la llamada ‘derecha golpista’ para desestabilizar, lo que es una lectura errónea porque quedó claro que la protesta ha sido legítima, en función de los sectores que la convocaron. Sin embargo, el llamado pacto de unidad se mantiene en la lógica de la amenaza y la confrontación.

Esa visión sesgada se enfoca únicamente en los intereses del Movimiento Al Socialismo, impide que fluya el diálogo entre el Gobierno y los diversos sectores de la sociedad que no militan en el partido oficialista. Es un discurso beligerante y de confrontación, que deja como resultado el enfrentamiento en las calles.

Como siempre, son los más humildes los que pagan la más alta factura. Ya pasó en Potosí con la muerte de un campesino, en medio de la brutal represión policial.

En las últimas horas el epicentro de la violencia se trasladó al Plan 3.000 de Santa Cruz de la Sierra. Son varias las noches de peleas campales entre quienes apoyan el paro multisectorial con bloqueos y afines al MAS que salen a desbloquear munidos de petardos y palos. En ese choque de barbarie no les importa el sufrimiento de vecinos que quieren vivir en paz y que no pueden dormir por el terror de ver volar cohetes y objetos contundentes en sus narices. ¿Es consciente el Gobierno del alto precio que se paga por insistir en la estrecha visión que defiende un discurso que divide en vez de reconciliar?

Entretanto, el jefe nacional del MAS, Evo Morales, en un afán personal de posicionar que fue víctima de un supuesto golpe, insiste en la misma cantaleta y exacerba los ánimos de sus seguidores. Atrincherado en Chapare, desde ahí llama a la movilización de sus seguidores, como hizo hace dos años cuando dio la orden de cercar las ciudades para que no les llegue alimentos.

Lamentablemente, el presidente Luis Arce se mantiene rehén de esa lógica perversa causa tanto daño profundo.

Bolivia necesita un Gobierno que se libere de la retórica interesada de un caudillo y cuyo presidente sea capaz de escribir la historia con grandeza. Éste es un momento de inflexión: actuar con cabeza fría y escuchando al pueblo o mantenerse como rehén voluntario de un accionar violento y beligerante que le causa dolor al país.

El primer mandatario debe decidir entre esos dos caminos. De la opción que tome dependerá el destino social, político y hasta económico de los bolivianos.



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