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La crisis de Europa del Este ha convulsionado el mundo. Dada la importancia de los países involucrados en el mercado de granos, ha significado una subida de más del 20% del precio internacional de la soya y de 40% del aceite de soya.

Con esta alza se calcula que el valor exportado del complejo podría aumentar hasta en USD500 millones este año, contribuyendo a la captación de divisas, las que han sido gradualmente más escasas desde 2015. Esta ganancia es sólo temporal porque además han subido los costos de todos los insumos.

Sin embargo, existen posibilidades permanentes de generar no sólo más divisas, sino también actividad y empleos.

En efecto, según un estudio realizado por CAINCO en 2020, en el país existía un potencial productivo de 8,6 millones de toneladas métricas (TM) de soya sólo aumentando la superficie cosechada, lo cual implicaría casi triplicar la superficie desde los 2,8 millones de TM en 2019. Esta expansión se haría respetando las áreas protegidas internacionales y nacionales, así como los territorios indígenas.

Si a eso se le incrementa el rendimiento mediante las técnicas adecuadas de asignación del suelo, riego y semillas, la producción podría subir a 12,4 millones de TM por año.

Con ese volumen de producción, el mercado interno estaría más que satisfecho y de forma general se podría tener USD4 mil millones de exportación anuales, tres veces más del valor actual y casi el doble que las exportaciones de hidrocarburos. Conviene recordar que desde 1992 el sector aportó en términos acumulados con USD18 mil millones.

Para ello se requeriría una inversión de USD10 mil millones. Dado que ese monto no puede ser cubierto por las fuentes de fondos domésticas, podría bien ser financiado por recursos externos mediante la Inversión Extranjera Directa (IED).

Usualmente la captación de capital externo ha sido controvertida porque se considera que no ha traído beneficios para los países receptores: antes porque percibía rentas de recursos estratégicos; y ahora porque se asocia a empresas interesadas en contratos públicos.

Sin embargo, no siempre ha sido ese el caso.

El reciente libro de la Fundación Milenio “El capital constructivo” analiza casos virtuosos de IED en minería (San Cristóbal y minera Paitití), energía (COBEE y Transredes), telecomunicaciones (Millicom mediante Tigo) e industria (CBN y Unilever Andina).

Con mi colega y amigo Rubén Aguilar contribuimos al libro con dos experiencias específicas en la agroindustria (Alicorp y Gravetal), mostrando que su aporte a la economía nacional ha sido provechoso en términos de transparencia, transmisión del conocimiento o know-how, innovación financiera y desarrollo regional.

En lo personal considero que la IED debe ser socia del país en la aventura del desarrollo, evitando proporcionar beneficios extraordinarios como en los noventa del siglo pasado e incluso ilegítimos como habría sido el caso de experiencias en este siglo, según un volumen previo de Fundación Milenio sobre “Capital corrosivo”.

¿Cómo se puede atraer “buena” IED?

Según el estudio que realizamos a partir de las encuestas a empresas del Banco Mundial, para promover la IED se requiere impulsar la inversión privada en general. La inversión doméstica se puede apoyar con medidas como facilidad de acceso a electricidad, mayor formalidad y legislación laboral para el empleo. Mientras que la extranjera requiere adicionalmente menor burocracia, más seguridad y orden, buena administración tributaria y mejor capital humano.

En el caso específico de la agroindustria, la orientación al mercado exterior habría sido clave para la llegada de importantes firmas a este sector.

Por tanto, serían deseables varios factores como grano de mejor calidad, menores restricciones a las exportaciones, mejores instrumentos financieros y la eliminación de los esquemas de subsidios cruzados en el sector privado.

De esa forma, se beneficiaría el país en su conjunto con más capital constructivo para la agroindustria sostenible.

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