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Después de unas denuncias del concejal municipal Federico Morón, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha notificado a los propietarios de terrenos y personas que habitan el cordón ecológico del río Piraí para que acaten la pausa administrativa y ambiental que está vigente.

La pausa implica que no se podrá realizar ningún proceso en la administración pública ni ejecutar construcción en la zona, según la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación.

Las autoridades municipales aseguran que la pausa se extenderá por tiempo indeterminado hasta tener una planificación del manejo del cordón ecológico. En las próximas horas se conformará una unidad técnica que tendrá como responsabilidad el control, monitoreo y preservación del área.

Las medidas son las primeras acciones tras una serie de denuncias que realizó el citado concejal por la existencia de vías pavimentadas dentro de propiedades privadas en una zona declarada como área protegida por su función ecológica y defensiva del río Piraí. El denunciante asegura que la obra no cuenta con la licencia ambiental que por norma emite la Gobernación y que las rutas habrían sido construidas aparentemente durante el tiempo de la pandemia.

Concejal y activistas medioambientales sostienen que el cordón ecológico sufrió un daño “a gran escala” porque el área se encontraría parcelada, se habría producido tala de árboles y se encuentran incluso construcciones de madera dentro de la zona de protección, lo cual es ilegal.

El alcalde Jhonny Fernández anunció que se realizará una auditoría jurídica, técnica y ambiental para conocer quiénes son los propietarios de la zona, cómo obtuvieron los papeles, qué funcionarios de anteriores gestiones de gobiernos municipales permitieron que se realicen construcciones o asentamientos, y determinar el grado de deforestación que se hizo en ese pulmón de la ciudad.

Por la información que se tiene, todo indica que el cordón ecológico que protege a la ciudad ante posibles crecidas del río Piraí ha permanecido descuidado durante el último gobierno municipal del alcalde Percy Fernández y Angélica Sosa. Se sabe que los guardaparques que trabajaban allí fueron despedidos en aquella gestión del gobierno municipal, probablemente porque sus ojos resultaban incómodos.

Pero no es la única institución que descuidó su trabajo en el área. También está la anterior gestión de la Gobernación, que tiene por misión preservar el área protegida, pero que no cumplió esa responsabilidad, por lo menos en el área del cordón.

Está la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), que tampoco hizo nada ante la tala de árboles en un área protegida.

Pero no son solo las autoridades las responsables de cuidar un área verde preservada para cuidar a la ciudad: toda la ciudadanía debiera estar comprometida con la protección del cordón del Piraí. Varias de las cosas que allí ocurren no son desconocidas para nadie; de hecho, y solo por citar un ejemplo, tanto medios de comunicación como ciudadanos conocen los lugares del bosque donde personas sin hogar se han asentado para habitar allí en condiciones precarias e ilegales. La ciudad necesita que instituciones, pero también habitantes, empresarios y constructores tomen conciencia y cumplan la ley, que para eso está.

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