Proyectos de ley “anticuarentena”
Jorge Santistevan Justiniano
La aplicación de cuarentenas rígidas o dinámicas, de niveles alto, medio, bajo, tiene dividida a la sociedad en sus opiniones; por una parte, se dice que es buena para preservar la vida, por otra parte, es mala porque se estaría triturando la economía de los bolivianos.
Del presente drama surgen maniobras conspirativas, a través de una estrategia diseñada para plantear un gran movimiento “anti-cuarentena” con el fin de entrar a un inminente rebrote del virus y que éste se propague con mayor fuerza, contagiando en masa a la población hasta que colapse el sistema de sanitario, creando un clima anárquico y defenestrar a la presidenta Jeanine Añez; el problema de la clase política, es cuando prueban esa mies del poder, se les hace difícil desprenderse y abrirse hacia las clases sociales.
Por su lado la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) trabaja a gran velocidad en la elaboración de leyes a la medida de sus intenciones como el PL N° 595/2019-2020 en el cual hay clausulas como las “prohibiciones”, cuyo espíritu es obstaculizar el accionar efectivo de las FFAA y la Policía Boliviana en sus tareas de seguridad durante la cuarentena, sin considerar que ambas instituciones, al momento de ser empleadas, actúan en el marco del “Manual del uso de la Fuerza” bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad; encuadrados estrictamente a los artículos de la Ley fundamental 244, 245 y 251, respectivamente.
El mencionado proyecto de ley atenta a la naturaleza de ambas instituciones, así como de la propia ALP y pone a las FFAA así como a la Policía Boliviana, como elementos decorativos con una presencia inactiva, estéril e ineficiente, facilitando el accionar impune de organizaciones criminales con nexos internacionales dedicados al tráfico de drogas, armamento y actividades de sedición entre otros ilícitos.
Al respecto, los asambleístas nacionales, deben asumir sus funciones con alto sentido de responsabilidad cívico-patriótica al momento de revisar y las leyes deben ser concebidas privilegiando la vida, como el bien jurídico más importante de la sociedad, dejando de lado intereses políticos partidarios que profundizan la crisis de salud, económica y social del país.
Los populistas del anterior gobierno, están en actividades intensivas, cuentan con una amplia capacitación ideológica, sobre todo capacidad económica para debilitar más al gobierno y generar desestabilización, mientras los asambleístas dictan otra ley que establece un plazo de 90 días computables desde el 3 de mayo para la realización de los comicios generales, sin importarles la seguridad personal de todos los bolivianos; no hay duda, esto responde a un plan muy bien diseñado.
El órgano ejecutivo debe tener presente que todo gobierno “blandengue” es perjudicial para el desarrollo y la estabilidad del país; por ello debe emplear mano dura sin vacilaciones en la aplicación de la justicia a todos quienes infringieron e infringen las leyes del Estado, para generar un ambiente de confianza, credibilidad y dar la sensación de un escenario de paz.
