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Algo muy grave está ocurriendo en las entrañas del partido de gobierno para que su jefe máximo salga a denunciar a su propio Gobierno de encubrimiento al narcotráfico; pero es más grave aun que aparentemente las denuncias de Evo Morales tienden a confirmarse, teniendo en cuenta los últimos operativos de las fuerzas antidroga, que encontraron cuatro fábricas de cocaína y un megalaboratorio en el mismo lugar señalado por el jefe del MAS.

En política nada es casual. Eso se sabe. Por eso resulta altamente llamativo que Morales hubiera preferido convocar una conferencia de prensa en Cochabamba para hacer públicas unas grabaciones de audios con conversaciones que dan la idea de un probable hecho de protección al narcotráfico.

La primera reacción del hasta ayer director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, fue considerar que los audios podían ser un montaje. Sin embargo, pocas horas después un operativo en la zona de Valle Sacta, en el trópico de Cochabamba, confirmó la existencia de las factorías de droga.

El teniente coronel Yerko Terán, excomandante de Umopar en Chapare, que fue quien grabó los audios y probablemente también quien se los entregó a Morales, presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Chimoré contra Velasco, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani; el jefe nacional de Umopar, Franco Arancibia; y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Es decir, toda la cadena de mando de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia está denunciada de encubrir la fabricación de droga, por denuncia de Morales y acción directa de Terán. Que jefes antidroga y policiales estén involucrados en el negocio ilegal que ellos debieran combatir no es nuevo. De hecho, durante la gestión de Evo Morales cuatro altos jefes policiales fueron a la cárcel por proteger al narcotráfico y hay entre ellos algunos extraditables.

En el caso actual, los jefes antidroga tendrán que demostrar por qué supuestamente ordenaron retirarse de unas fábricas de droga. Lo nuevo del caso de estos días es que la denuncia la haga el jefe político del presidente Luis Arce y por tanto también del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y nada menos que de manera pública.

¿Cómo debe entenderse esa decisión del jefe del MAS? ¿El nivel de distanciamiento entre Morales y Arce es tan grande que ni siquiera se hablan para tratar en privado un asunto delicado como aparentemente parece ser esta denuncia de encubrimiento al narcotráfico?

Una semana antes de la denuncia de Morales, el ministro de Gobierno encabezó personalmente un operativo sorpresa en el aeródromo La Cruceña ubicado en Cotoca, que dejó 28 personas aprehendidas, 67 aeronaves requisadas, varias de ellas sin asientos de pasajeros, lo que hace presumir que se utilizaban para el transporte de droga.

La operación de La Cruceña ocurría apenas días después de que Evo Morales y los cocaleros exigieran una explicación a Del Castillo por afirmar que algunos diputados cocaleros se enriquecían con la coca, y en momentos en que se anunciaba una interpelación de la bancada del MAS al ministro de Gobierno.

Todos esos antecedentes crean un ambiente político enrarecido en las altas esferas del partido de gobierno, que indudablemente delatan desencuentros hostiles, pero quizá también esconden otras diferencias de las cuales aún no se conocen detalles.

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