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Con una pandemia que se lleva vidas, una crisis económica para la que aún no existen respuestas, y un panorama general de incertidumbre en el país, el Gobierno de Luis Arce se compra una polémica con el reemplazo del escudo nacional por la cruz andina.

O es un tema de uso accesorio, o el asunto es demasiado importante. Si fuera accesorio, habría que convenir que el Gobierno ideó el símbolo y por tanto el debate para cambiar la atención de la agenda informativa, dejar de mirar el virus y la crisis, y ocuparse de unos símbolos patrios. Sin embargo, esta posibilidad parece remota, porque de ser así no se hubieran tomado el trabajo de escribir 62 páginas del denominado ‘Manual de Identidad Imagen de Gobierno’.

Entonces, entrando en la segunda posibilidad, debe existir un trasfondo muy importante para animarse a establecer con carácter de obligatoriedad el reemplazo del histórico escudo nacional reconocido por la Constitución Política del Estado, por la cruz andina como establece el artículo 3 del ahora polémico decreto 4445.

En el debate las autoridades nacionales pretenden hacer pasar la cruz como ‘imagen de Gobierno’ que no reemplaza al escudo, pero en los hechos no es así, porque para comenzar el mismo decreto establece su condición de uso obligatorio, y en los hechos toda la gráfica oficial del Estado boliviano -que no es lo mismo que Gobierno- lleva ahora la cruz andina, y eso se advierte en la correspondencia oficial que cursa en embajadas y consulados del país alrededor del mundo,

En Sucre, el cuartel militar de San Francisco, en el centro mismo de la ciudad, retiró de su frontis el escudo nacional y en su lugar quedó un pedazo de pared que descubre el adobe de tierra donde aún se aprecia con absoluta nitidez las huellas de las formas del escudo nacional. Solo ese hecho, sumado a la papelería oficial del Estado boliviano, echan por tierra la teoría del canciller Rogelio Mayta, quien dijo que no existe una sustitución de los símbolos patrios.

En la justificación del nuevo símbolo, el decreto habla de la presencia de conceptos como la inclusión, la democracia, la igualdad y la no discriminación, y de una ‘expresión resumida de la composición geográfica y social’ del país, pero el primer efecto que consiguió es dividir una vez más a los bolivianos entre los que defienden la cruz y los que se quedan con el escudo histórico.

Además de la cuestión histórica, la segunda evidencia cuestionable es el carácter andinocentrista de la cruz chacana, símbolo representativo de las culturas de los Andes, por más que se diga que algunos de sus cuadros incluyen a símbolos de las culturas del oriente boliviano. La simbología interna de la cruz, los colores, su familiaridad con la wiphala y las similitudes con las cruces de la cultura tiwanakota, son la prueba de que la ‘nueva imagen gobierno’ es de origen andino y persigue un fin andinocentrista. Es inútil tratar de ‘marear la perdiz’ intentando darle un carácter nacional.

¿Cuál es, entonces, el principal objetivo de una medida innecesaria y no urgente que ahora ha puesto a debatir no solo a historiadores sino a la población boliviana? Por historia universal se sabe que los regímenes totalitarios, como el nazismo alemán del siglo pasado, al igual que las dictaduras comunistas, como en la extinta URSS, son los gobiernos que hacen del cambio de la simbología una de sus grandes prioridades, que persiguen el fin de borrar la historia para imponer proyectos políticos sustitutivos. Algo así como pretender que la historia comienza en el momento de un proyecto político, como si el pasado no existiera.

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