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El “Órgano Judicial”, Como lo denomina la actual Constitución de Bolivia, es simple y llanamente el Poder Judicial. Toda vez que en una moderna democracia, el poder, para fines de evitar la tiranía y opresión, se divide generalmente en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (salvando el caso del poder electoral). No se pretende dar una lectura académica ni nada por el estilo. Simplemente reiterar que el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia en nombre del Estado.

Justicia es dar a cada uno lo suyo y ante un conflicto de intereses, para evitar caos, es que se ha constituido el Poder Judicial. Ahora bien, últimamente, se están viendo casos realmente alarmantes, a veces en los medios y otras en los quehaceres cotidianos de la actividad profesional de la abogacía y litigante, solamente por mencionar algunos: en procesos ejecutivos, se están embargando y rematando propiedades en base a documentos falsos, en la vía del Derecho Laboral y so pretexto del “Proteccionismo”, que tanta lucha y sangre ha costado, se están resolviendo peticiones y demandas desde Palmasola, por reos que demandan en la vía laboral a sus víctimas y/o familiares para quitarles dinero “Beneficios Sociales”, no siendo suficiente los delitos por los que están ahí dentro. Luego, se termina revictimizando a los inocentes, se rematan sus bienes, se conceden demandas laborales, se tienen cuentas bancarias retenidas, medidas cautelares, etc., sin mencionar que en materia tributaria ya no se toman la molestia de citar o notificar para luego recién ejercer medidas de presión.

El ciudadano trabajador, honesto, se entera de que sus fondos están retenidos cuando quiere pagar una compra en una farmacia, supermercado, gira un cheque (encima con muy probables consecuencias penales). Porque jueces y autoridades del Poder Judicial, sin aviso previo, embargan cuentas, que ni siquiera las cajas de ahorro se salvan, uno de buenas a primeras tiene que defenderse, en especial en materia penal lo que ya de por sí es una barbaridad porque por eso existe el Principio y Garantía de Presunción de Inocencia. Sumándoles que al momento de escribir esto, en los juzgados, no hay ningún medio moderno y fidedigno de registro de las audiencias. Se está en manos de una grabadorcita y pésimas actas labradas a posteriori.

Los plazos procesales para el pueblo se los aplica draconianamente, mientras que los jueces se toman el tiempo que quieren. Si uno va a ver los libros diarios, estos no coinciden con las fechas reales y luego todo aparece como que “se ha cumplido con los plazos”. Tampoco puede estar el ciudadano con un notario de Fe Pública para constatar estas irregularidades.

Las Acciones (en realidad Recursos) de Amparo Constitucional que deben ser en 48 horas demoran semanas, a veces un año o más y obviamente, el daño esta recontra consumado, para luego emitir sesudas Sentencias. No puede ser posible que el Poder Judicial esté siendo usado para fines ilícitos. Alguien dirá: ‘Bueno, esto no es nuevo…’. Es que según las Leyes, no debería ocurrir. De ser así, se tiran a la basura y que cada cual vea cómo le hace y se retorna a lo más básico de las etapas previas a la civilización.

Los funcionarios del Poder Judicial reciben sueldos de los contribuyentes del pueblo de Bolivia, se deben a las Leyes. ¿O tal vez las Leyes no están funcionando?

Esos son aspectos ya de carácter político y para eso hay un Poder Legislativo (en Bolivia, actualmente “Asamblea”), que supone legisladores, hombres y mujeres sabios, etc. No se salva el Ministerio Público, con sus actuaciones tardías o bien apresuradas y vulnerando derechos. Denunciar un ilícito es toda una desventura…

Módulo policial tras otro, etc. Luego, que presente por escrito, que ¿dónde vive el que le ha querido asaltar, casi lo asesina, le robó, el violador, etc.? En lo sucesivo, hay que pedirle a los malhechores que antes del hecho o posterior a él dejen su nombre completo, domicilio, croquis, números de teléfono, ciudadanía digital, carnet de identidad y demás cosas.

¿Qué está ocurriendo con el Órgano Judicial? Es una seria reflexión y si a alguien le calza el guante, es por algo. Es derecho la libertad de expresión por cualquier medio y en toda democracia que se precie de ser moderna, escribir o hablar sobre estos acontecimientos. Además que existen pruebas concretas y solo sirven para enervar más las cosas o que el suplicante en busca de “justicia” se quede callado por miedo a ulteriores “consecuencias”. Los crímenes se arreglan con dinero y hasta la conciliación está establecida. La fijación de la pena por la culpabilidad y como reacción social contra la ruptura del orden, ya no sirven. Uno hace lo que le da en gana y después “se negocia”. Cabe la siguiente pregunta más: “¿Quo vadis Bolivia?”.

Agustín Saavedra Zambrana es Abogado

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