Por Andrés Zamora
Administrar Reservas Internacionales (RI) implica, entre otras tareas, mitigar riesgos. ¿Qué riesgos? Por lo pronto, hablemos del riesgo de mercado y del riesgo de liquidez. El primero se materializa cuando el precio de un activo de reserva cae. El segundo, cuando ese activo no se puede convertir en efectivo de forma rápida y a bajo costo. Ambos riesgos son un desafío constante, toda vez que los mercados financieros son volátiles, es decir, son proclives a cambios bruscos en corto tiempo.
Si bien ambos riesgos son inevitables, son mitigables. ¿Cómo? Mediante la diversificación. Diversificar consiste en distribuir las inversiones entre distintas clases de activos. Básicamente, se busca evitar poner todos los huevos en una misma canasta.
Otra estrategia para mitigar riesgos es reducir la exposición a activos de alta volatilidad, como el oro. Esta estrategia es propia de la administración de las RI de los bancos centrales de la región. Por ejemplo, en México el oro representa cerca del 0,05% del total de sus Reservas. En Perú, el 0,04%: en Brasil, el 0,02%; en Colombia, el 0,007%; y en Chile, apenas el 0,0002%. En Bolivia, en cambio, el oro constituye aproximadamente el 91,6% del total de las RI del país.
La exposición de Bolivia a un solo activo tan volátil como el oro es, sencillamente, alarmante. ¿Cómo se pudo llegar a situación tan riesgosa? Se llegó debido a la tendencia decreciente desde 2015 en el nivel de las RI y el cumplimiento a rajatabla del parágrafo II del Artículo 9 de la Ley N° 1503, el cual obliga al Banco Central de Bolivia (BCB) a mantener un mínimo de 22 toneladas (tn) de oro.
Esta disposición le hace un flaco favor a Bolivia en un momento tan crítico. Primero, el BCB es incapaz de gestionar los riesgos con base en criterios técnicos. En consecuencia, las RI del país están alarmantemente concentradas en un solo activo altamente volátil. (¿Qué creen que sucederá si mañana se descubre la mina de oro más grande del mundo? ¡El precio del oro en los mercados internacionales se desplomará, materializándose el riesgo de mercado!)
Segundo, el límite legal de 22 tn no atiende o resuelve los problemas estructurales del país; en todo caso, los agrava. En efecto, por cumplir la ley, el BCB está imposibilitado de convertir sus activos de reserva en efectivo, materializándose continuamente el riesgo de liquidez. ¿Cómo es posible, pues, que un país con 2,6 mil millones de Reservas Internacionales Netas no pueda importar combustibles o intervenir en el mercado cambiario? ¿De qué sirve tener 22 tn de oro acumulando polvo si las necesidades inmediatas del país están desatendidas? ¿Cómo es posible que una Ley ignore las funciones de las RI y elimine toda capacidad de respuesta de Bolivia ante shocks internos o externos?
El parágrafo de las 22 tn no solo es un despropósito técnico que expone a Bolivia a riesgos altísimos, sino también es un desatino jurídico. En efecto, la Constitución Política del Estado (CPE) atribuye al BCB la administración de las RI. Asimismo, la CPE no confiere en ningún lado a ninguna otra entidad facultades sobre las mismas. Ahora, imponer en una Ley un límite mínimo de exposición a un activo, aunque irresponsable e inapropiado, es una decisión propia de la administración de reservas y debería ser una decisión exclusiva del BCB (y no de la Asamblea). Ergo, el parágrafo de las 22 tn es contrario a la CPE.
Por último, repacemos la lógica detrás de las 22 tn. Se impuso dicho límite en aras de garantizar la estabilidad de las RI y, de esta forma, la de la economía del país. Las filas por la gasolina, la escasez de dólares estadounidenses y la creciente inflación dan fe de que este precepto es erróneo. En todo caso, los problemas señalados se los sufre ahora por cumplir la Ley.
Si esto es así, ¿qué se puede hacer? Se debería derogar el parágrafo de las 22 tn. Con esto, en ningún momento quiero decir que se arreglarán mágicamente y de la noche a la mañana los problemas del país. Todo lo contrario, el nivel de las RI descenderá conforme se vaya dotando de combustibles al sector productivo y al parque automotor, se vaya distribuyendo dólares al sistema financiero y se vaya interviniendo en el mercado cambiario. Paralelamente, se puede mitigar riesgos con base en criterios técnicos.
Lo anterior brindará algo de normalidad a la economía en lo que se toman medidas estructurales, por más dolorosas que sean.
En suma, derogar el parágrafo de las 22 tn es una medida transitoria, de corto plazo, pero necesaria para dar normalidad a Bolivia y tiempo a los policy makers.
* Por Andrés Zamora, economista