Quieren legalizar el contrabando
En las últimas horas se ha conocido la intención de legalizar el contrabando de vehículos, mediante un proyecto de ley que regularice la existencia de motorizados indocumentados, afectando de sobremanera a las empresas automotrices que pagan impuestos y que cumplen con todas las normas en el país; en suma, que trabajan como se debe.
De acuerdo con la dirigencia del transporte pesado, se calcula que hay unos 50.000 vehículos indocumentados en el país. La mayoría está en las provincias de los nueve departamentos y circulan a vista y paciencia de las autoridades aduaneras de esta y de la anterior gestión gubernamental.
Como es de suponer, las empresas automotrices pegaron el grito al cielo, porque están golpeadas por la cuarentena que impone la pandemia de coronavirus, que les ha impedido comercializar unas 20.000 unidades que entraron legalmente al país. Estas compañías tributan y generan empleo; es decir que su actividad significa un verdadero aporte a la economía nacional. En cambio, los contrabandistas que se ocupan de traer vehículos indocumentados forman parte de un grupo que delinque, al que se pretende beneficiar, bajo el argumento de que será por única vez y esgrimiendo la noble causa de que se busca captar ingresos para el Estado en tiempo de lucha contra el Covid-19.
Al respecto, de acuerdo a información oficial, se sabe que en los últimos 13 años fueron legalizados más de 140.000 vehículos indocumentados, haciendo un promedio de 12.000 cada año. Eso, por supuesto, fomenta el contrabando antes de detenerlo, porque quienes compran motorizados sin documentos saben que pueden seguir haciéndolo ya que tarde o temprano los podrán legalizar.
Ellos no solo dejan de aportar con impuestos, sino que también internan unidades que contaminan el medioambiente. En la actividad ilegal que desarrollan no se verifica si los motores son nuevos o viejos, si cumplen normas de preservación del medioambiente, etc.
Pero, sobre todo, se trata de una acción que normaliza el contrabando, que empodera a los delincuentes que se enriquecen sin medida. Bolivia es el país con mayor economía informal en todo el continente americano. Se calcula que el 70% desempeña labores al margen de la ley y en contrabando reina en esta categoría.
Los contrabandistas de todo tipo de productos, también de vehículos, se han constituido en bandas delincuenciales que se atreven a desafiar los controles, que arman a su gente para enfrentarse a los controles aduaneros y que además corrompen a la fuerza pública. Ejemplos hay de sobra.
La propuesta de legalizar el contrabando de vehículos puede llevar a la quiebra a empresas legalmente constituidas y restar empleos a los bolivianos. A poco menos de dos meses de las elecciones nacionales, parece ser una medida demagógica con intereses partidarios del MAS, cuyos asambleístas creen que así podrán conseguir más votos a favor de su candidato.
En las zonas rurales hay miles de vehículos que circulan sin placa, también se ha informado que hay otros tantos con placas clonadas. En este país, se creen inteligentes los que engañan al Estado, pero hay que hacer notar que ellos y quienes los amparan están afectando directamente a la economía nacional, lo que es igual a golpear el bolsillo de todos y cada uno de los bolivianos.
Hay mayoría masista en la Asamblea Legislativa, pero es bueno que también haya sensatez en el razonamiento de los legisladores, a fin de que este proyecto de ley no prospere, menos aún cuando hay crisis económica nacional como consecuencia de la pandemia. Lo que Bolivia necesita es potenciar a las empresas legalmente constituidas, luchar contra el contrabando. Solo así se puede salir del pozo en que nos encontramos.
