Escucha esta nota aquí

En las últimas semanas el tema de la deuda externa entró al debate nacional gatillado por la crisis argentina. En el vecino país, el tamaño de las acreencias internacionales y su rápido aumento es una de las causas que obligó al Gobierno de Macri a llamar la caballería del FMI para pedir socorro financiero.

Por estas tierras libres de la dependencia de los organismos internacionales, el Gobierno afirma que nuestra deuda externa es baja y sostenible financieramente. Es decir, la podemos pagar con los ingresos que recibimos e inclusive endeudarnos más. Críticos de la política económica sostienen que los focos rojos deberían encenderse porque la deuda externa crece muy rápidamente y que para evaluar la solvencia del Estado, también se debe considerar la deuda interna. 

Para entrar al debate mejor informados, veamos algunos hechos basados en datos oficiales. 

Hasta diciembre de 2017, según el Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa del país llegó a 9.428 millones dólares, esto representa el 25% del Producto Interno Bruto (PIB). 

En 2007 se consolidó el perdonazo de la deuda externa por parte de organismos internacionales, y esta se redujo a 2,209 millones de dólares o el 17% del PIB; esta proporción, posteriormente, llegó al 15% del PIB. 

Entre 2007 y 2017, la deuda externa subió un 327% en términos nominales. Medida como participación del PIB, el incremento fue del 47%. La nueva deuda externa es más costosa que en el pasado, porque esta era concesional (a largo plazo con tasas de interés bajas) y ahora es más comercial (los plazos para pagarla son menores y es más caro el interés que se paga).

En 2017, el país pagó 583 millones de dólares en intereses y capital, esto equivalente a construir 16 palacios de Evo y 10 buenos hospitales por año. 

Si bien el 25% del PIB de endeudamiento externo es todavía bajo, sin embargo, para ver la capacidad de endeudamiento y pago de un país se debe tomar en cuenta también la deuda interna.

Para simplificar el análisis coloquemos el ejemplo de una pequeña empresa que le debe al banco. Esta sería su deuda externa, pero también ha recibido crédito de amigos y familiares (deuda interna). A la hora de analizar la capacidad de pago de esta empresa se debe evaluar todas las deudas y no solamente la que tiene con la entidad financiera (deuda externa).

En Bolivia, la deuda interna con el sector privado (por ejemplo, AFP) era  de 4.474 millones de dólares hasta fin de 2017; eso es el 12% del PIB.
La deuda de las empresas estatales con el BCP también está en torno a los 4.708 millones de dólares, es decir, un poco más del 12,4% del PIB.

El total de la deuda del Sector Público No Financiero (Tesoro General de la Nación –TGN– más empresas estatales), es decir de todo el Estado boliviano, es del 48,4% del PIB. En este caso, la capacidad de endeudamiento está al límite de las recomendaciones internacionales. Ahora si desconoce la deuda de las estatales porque sería dentro del propio Estado, llegamos al 36% del PIB. Pero esto es torturar la contabilidad. En el pasado, las deudas de los bancos estatales y de empresas públicas que quebraron crearon graves problemas financieros al Estado.

Además, para ver la capacidad de endeudamiento de un país también se debe considerar otras variables económicas. La tasa de crecimiento de la economía se desaceleró desde 2013. En ese año, el PIB llegó a subir un 6,8% y sistemáticamente se redujo hasta llegar al 4,2% en 2017. 

La economía registra cinco años consecutivos de déficit público. En el año 2018, el desajuste fiscal podría superar el 7% del PIB. Se registra tres años de déficit comercial, aunque este año, este pueda disminuir por la mejora del precio del petróleo y por ende del gas natural, aunque existen dudas razonables de que se aprovechará esta situación, porque las exportaciones de hidrocarburos, en especial a Brasil, están bajando en cantidades. Podría existir un empate técnico entre variaciones de cantidades y de precios. Cabe también recordar que nuestras reservas internacionales continúan bajando. 

Asimismo, hay desconfianza sobre la calidad y rentabilidad de la inversión pública; esta es cada vez mayor, cercana a 7.000 millones de dólares, pero su efecto sobre el crecimiento económico es menor. Asimismo, ¿cuál sería la rentabilidad de edificios de lujo, de museos personales, de infraestructura caminera que no conecta polos productivos, de aeropuertos que reciben pocos aviones, de decenas de canchas de fútbol y polifuncionales donde solo juegan ratones, como reconoció el presidente, de fábricas que funcionan a medias?

Comentarios