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¿Reactivación bajo el mismo paradigma de desarrollo?

Daniel Jijena Michel 14/9/2020 05:00

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La crítica situación económica de Bolivia es resultado de la desaceleración económica de los últimos años y se refleja en el comportamiento del PIB entre 2015 (4,86%) y 2019 (2,22%), donde se observa una estrepitosa caída de más del 50%. 

El análisis realizado en este documento considera datos oficiales disponibles en la página web del INE Bolivia. Pese a que todavía no se dispone de información final para la presente gestión, la actual crisis sanitaria contribuyó a agravar el panorama económico, social y político en el que se debate Bolivia con la consecuente cuasi paralización de la economía y cierre de fronteras.

Es de consenso que para este 2020 se prevé un crecimiento económico aún menor, que se reflejará en los indicadores macroeconómicos de la actividad formal, datos que aún no consideran ni incorporan la incierta y vulnerable situación del importante y creciente sector informal.

Ante el escenario descrito y con el fin de mitigar el impacto negativo, inicialmente se dispuso de recursos del Estado para aumentar el gasto corriente de manera significativa (sueldos y salarios en mayor proporción); es así que en 2012 (todavía época de bonanza) el gasto en administración pública equivalía al 13,44% del PIB y para 2019 al 18,14%; este último dato ya correspondiente a la época de desaceleración económica (precovid). Se originó un déficit público sostenido desde 2014 (-3,4% respecto al PIB) alcanzando un -7,2% en 2019.

En 2019 se asumió que el 33% del Presupuesto General del Estado se financiaba con recursos externos, proyectando similar porcentaje para el 2020. Los ingresos de la presente gestión se proyectaron con un precio de barril de petróleo aproximado de $us 51; sin embargo, se alcanzó históricas cotizaciones negativas en 2020. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que alrededor del 24% de los ingresos públicos se originan de recaudación impositiva, la misma que mermó durante la vigente crisis sanitaria.

En cuanto a comercio exterior, las actividades agregadas de exportación e importación representan el 55% del PIB en 2019, análisis deliberado que refleja la dependencia de nuestra economía con respecto al sector externo. El déficit fiscal de los últimos 5 años refleja que la participación de las importaciones sobre el PIB fue superior con respecto a las exportaciones: 31,43% y 24,97% respectivamente en 2019. En la pasada gestión, el 76% de las importaciones nacionales fueron materias primas, productos intermedios y bienes de capital, indicadores que diagnostican una economía no autosuficiente y dependiente de la producción externa.

Colateralmente, el aumento sostenido de la deuda externa e interna y la reducción de las reservas internacionales netas fueron resultado de mayores gastos y menores ingresos en el último quinquenio; esta última variable significativamente afectada por una dependencia de exportación superespecializada: siete productos representaron el 85% de las exportaciones en 2019, principalmente materias primas cuyos precios promedio cayeron desde 2014.

Esta realidad refleja cómo concebimos la economía en nuestro país, donde además el sistema financiero aportó una acelerada transferencia de dinero a la gente, reflejando un crecimiento económico ficticio y una inexistente sensación de desarrollo. En ese sentido, las políticas económicas no aportaron directamente a reactivar la oferta, pero sí a desplazar positivamente la función de demanda. El modelo priorizó el consumo basándose en el incentivo a la demanda, en 2012 (año de predesaceleración) el consumo de hogares representaba el 59,5% del PIB y en 2019 (pre-covid) el 68,44%, en desmedro de la producción dentro de una economía altamente dependiente de mercados externos; escenario que fortalece la importación, merma la inversión privada y externa, sumado a la carga impositiva que coarta la libertad de mercado, afecta la eficiencia y sostenibilidad de la economía local. Adicionalmente, es necesario considerar un importante indicador en el lado de la oferta, como es la Formación Bruta de Capital Fijo - FBCF, variable relacionada con la administración pública, que a pesar de experimentar un ligero incremento del 18,36% (2012) al 18,98% (2019) con respecto al PIB, aproximadamente el 66% equivale a inversión pública y el resto a privada. Se destaca la dependencia del rubro de la construcción por parte del aparato público, pues en 2019 el 51% de dicha FBCF fue asignada a bienes de capital, mientras que el resto a construcciones.

En el escenario descrito, enfrentado a la sui generis realidad por la que hoy transitamos, es predecible un nuevo descenso del desarrollo y crecimiento económico en nuestro país: disminución del ingreso e inversión pública, mayor desempleo y pobreza, aumento de deuda externa, merma de reservas internacionales netas, riesgo de depreciación cambiaria por falta de divisas y potencial desencadenamiento de proceso inflacionario, convulsión social y política.

No es aconsejable concebir una receta de reactivación poscovid bajo el mismo paradigma de desarrollo económico y social. Las medidas necesarias y urgentes de sobrevivencia en esta pandemia no deben comprometer el mediano y largo plazo, pues ese horizonte debe construirse de manera participativa y democrática bajo nuevos paradigmas de desarrollo humano, que reconfiguren el aparato productivo y sistema social en busca de eficiencia productiva, equidad distributiva, bienestar social, responsabilidad ecológica, desarrollo tecnológico, generación y acceso a información. Caso contrario sería continuar con la misma forma de pensar, “reactivando” más de lo mismo, lo cual no es racional.