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Recetas irrelevantes, principios sólidos

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 04:00

La semana pasada hubo dos eventos con un actor en común. El seminario internacional sobre desarrollo en Santiago de Chile con auspicio de la Escuela de Economía de Londres y la CEPAL. Y la presentación de los estudios para promover un giro económico para Bolivia a cargo de un centro de la Universidad de Harvard.

El actor en común: Ricardo Hausmann, director del GrowthLab. En el primer caso lo hizo como coautor del volumen “El consenso de Londres: principios económicos para el siglo XXI”, donde participaron más de 50 autores de primer nivel incluyendo dos Premios Nobel de economía. Y, en el segundo como director del proyecto que derivó en alternativas sugeridas para salir de la crisis.

Menciono estos dos eventos, porque el segundo, la “propuesta de Harvard”, ha sido malinterpretada como si fuese una receta económica, un plan malicioso, una alevosía intelectual. Y, no lo es.

Hausmann es coautor de ese libro cuya intención es marcar una nueva línea en la concepción de políticas públicas para el desarrollo. A diferencia del Consenso de Washington, un conjunto definido de políticas condensada por el economista John Williamson a fines de los años ochenta, apunta más bien a principios.

Como lo señalan sus principales impulsores, Andrés Velasco y Tim Besley, la idea es proporcionar principios permanentes en lugar de prescripciones de política que son específicas a la situación y el lugar.

Entre los principios que esbozan están la importancia del bienestar (no solo en el dinero), la relevancia del crecimiento económico, el rol del gobierno como asegurador de última instancia, el énfasis necesario de concentrarse en la política y no solo en la tecnocracia, y el rol fundamental de construir instituciones. Por tanto, resulta difícil interpretar los documentos de GrowthLab como simples recetas dado el contexto en el que se elaboraron.

En mi criterio, la propuesta de GrowthLab para Bolivia tiene el valor agregado de “proveer perspectiva”: dar una mirada panorámica a los problemas económicos (y sus causas) que son urgentes y clave para resolver la crisis actual. No toca puntos estructurales porque, a mi entender, está pensado en el corto y mediano plazo. Y entiendo que la priorización se hizo en función a una premisa: cómo detener el deterioro de la economía boliviana dadas las restricciones legales y operativas que existen actualmente.

Se suma a propuestas serias que se han elaborado como el Plan Bicentenario de la Fundación Milenio, el Plan de Reconstrucción Económica promovido por la Fundación Friedrich Ebert, las propuestas de CAINCO en 2023 y 2024, entre los más relevantes.

Varios de las ideas específicas son comunes entre estas propuestas porque responden al sentido común en la lógica económica: resolver de forma seria y consistente los problemas macroeconómicos bolivianos y sus principales causas. Varias son de sentido común.

En mi perspectiva, sus tres reflexiones finales son más que relevantes y son responsabilidad no solo del gobierno, sino de varias instancias de la sociedad civil y el mundo político. La primera, apurar la marcha porque todavía persisten vulnerabilidades; la segunda, viabilizar la aprobación política de las reformas; y, tercera, darle una narrativa que inspire y oriente a la población.

La crisis boliviana no es significativamente diferente a otras que han existido en el mundo. Podemos y debemos aprender de experiencias similares en vez de pensar que estamos inventando un nuevo camino.

Me viene a la mente una reflexión de un destacado y fallecido profesor de economía del Instituto Tecnológico de Massachussets, Rudiger Dornbusch: “Cuando visito un país, siempre me dicen: <<Usted no lo entiende, profesor, aquí es diferente...>> Bueno, nunca lo es.” Es la cita inicial del expresidente del banco central argentino Federico Sturzenegger, actual ministro de Milei, en su documento de 2019 “Macri’s macro” o la macroeconomía de Macri.

Elevemos la discusión e implementación de las políticas correctas y oportunas por el bien del país.

(*) Pablo Mendieta es economista

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