Cruzar la puerta del Palacio de Justicia, Casa Judicial o cualquier juzgado es, en Bolivia, un acto de fe que termina casi siempre en desilusión. Para el ciudadano, el sistema judicial no es un refugio de derechos, sino un laberinto de pesadilla diseñado para que lo simple se vuelva complejo, y lo complejo sea de imposible solución por los canales formales.
La narrativa oficial se escuda sistemáticamente en la falta de presupuesto para justificar la dificultad de realizar cambios estructurales, pero todos sabemos que esa es una coartada intelectual tan vieja como ineficaz; es el refugio cómodo de quienes prefieren la inacción para concretar las reformas con lo que se tiene. El famoso ¡aquí y ahora!
Pongamos las cosas en su orden. Si mañana, hipotéticamente, se congelara por completo el presupuesto judicial, la pregunta incómoda quedaría expuesta en su dimensión más cruda: ¿qué porcentaje del deterioro de la justicia boliviana se debe realmente a una carencia de recursos económicos y qué parte es, en rigor, una parálisis absoluta de conducción y voluntad?
La experiencia comparada nos enseña una verdad contraintuitiva y categórica: los sistemas judiciales no se transforman inyectando dinero en estructuras podridas o golpeadas por la corrupción, sino cambiando la lógica con la que operan. En efecto, por eso propongo algo tan simple como “la reforma judicial de costo cero”. Que no debe entenderse como una utopía, al contrario, es un imperativo ético que puede activarse hoy mismo porque, más allá de la tecnología, exige ante todo una refundación del compromiso de los servidores públicos judiciales para con su pueblo.
Todo comienza reconociendo una realidad que el sistema suele ignorar, que es, precisamente, que el ciudadano que llega a un juzgado no está ahí por elección, sino por desgracia. Es un usuario cautivo que merece, como mínimo, la dignidad de un trato humano respetuoso y eficiente. La calidad en la atención no requiere una partida presupuestaria, requiere un cambio de paradigma en el funcionario. La amabilidad, calidez y la transparencia oportuna de acceso a la información no cuestan dinero, pero su ausencia es el síntoma de una institución que ha perdido el respeto por el ciudadano que con sus tributos contribuye a sostener el órgano judicial.
Debemos transitar hacia un modelo donde el ciudadano no sea un estorbo para los juzgados, tribunales y salas, sino el fin último de su existencia. Es menester procurar una justicia antropológicamente fundada. Esta humanización del trato debe ser el pilar sobre el cual se construya la modernización digital, una que no necesita licitaciones millonarias. Basta con habilitar el uso de herramientas que ya están en el bolsillo de cada litigante, como es el teléfono celular. ¿Por qué seguimos forzando al ciudadano y sus abogados a peregrinar con expedientes bajo el brazo, pagando fotocopias interminables que solo alimentan un modelo burocrático obsoleto y opaco, cuando un móvil puede escanear documentos con plena validez legal? La prohibición de la fotocopia innecesaria, el salto al archivo digital y expediente electrónico inmediato es una decisión administrativa de un solo plumazo que le ahorrará años de angustia al ciudadano.
En esta nueva arquitectura, el acceso a la información tampoco necesita plataformas de inteligencia artificial de última generación para marcar la diferencia. Un sencillo chatbot de atención, integrado en los canales oficiales (incluso en diversas materias: civil, penal, laboral, etc.), puede resolver las dudas recurrentes las 24 horas del día, liberando al personal de la carga de repetir lo obvio y permitiéndoles enfocarse en lo esencial.
Pero la tecnología de nada sirve sin disciplina. El funcionario judicial no es un ser etéreo; es un servidor público cuyo compromiso constitucional público es estar presente, activo y disponible para resolver los tareas en el ámbito de sus competencias. Un control de asistencia eficaz, digital y transparente es la base para terminar con la “justicia de escritorio ausente”. Esta disciplina debe trasladarse, con mayor rigor aún, a la era virtual. Las audiencias virtuales son un estándar mundial, pero no pueden convertirse en un refugio para el anonimato. Si el juez se conecta, su cámara debe estar encendida. No es una opción, es una garantía innegociable del debido proceso. El derecho a ser oído requiere que el ciudadano vea a su juez y que el juez vea al ciudadano. Una pantalla en negro o una cámara apagada es una declaración de indiferencia; es el símbolo de una justicia que se oculta, que le da vergüenza o se ruboriza al dar la cara. Exigir la presencia visual del juez en cada acto procesal es devolverle al ciudadano la certeza de que su caso no es un número más en un sistema automatizado, sino una historia humana que exige atención real y directa.
La eficiencia operativa se complementa con la gestión basada en datos, porque lo que no se mide, no existe. Debemos implementar un “semáforo de despachos” que publique el rendimiento de cada juzgado. Es importante saber cuántos expedientes tiene, cuántas excepciones, recursos, audiencias, incidentes, sentencias, etc., ha resuelto o dictado y cuánto tiempo ha tardado. Cuando los datos se hacen visibles, la gestión deja de ser un territorio de sombras y se convierte en un campo de responsabilidad, incentivando el buen desempeño por el simple peso de la mirada pública.
A esto sumamos la implementación del “triage” de entrada: no todos los procesos requieren la misma complejidad, tiempo y rigidez procedimental para resolver. Clasificar los ingresos —lo simple frente a lo complejo— permite liberar capacidad instalada para los conflictos que verdaderamente requieren una deliberación profunda. La justicia debe dejar de tratar todo con la misma lentitud, separando las controversias menores que pueden resolverse con celeridad procedimental de aquellos conflictos que exigen, por su naturaleza, un análisis profundo y humano. Se torna ineludible continuar con las bien ponderadas jornadas de descongestionamiento judicial en lo penal y extenderlos a otras materias.
La cultura de la audiencia fallida o de incontables suspensiones debe morir. Si la suspensión es la excepción absoluta y no el método estándar, la dilación estratégica por chicana desaparece o se atenúa considerablemente. Si a esto, además, le sumamos la entrega de una “hoja de ruta del litigante” —un cronograma gráfico entregado desde el día uno que detalle qué esperar, cuándo y dónde—, es decir, un programa de fechas de audiencias y del tiempo aproximado en que concluirá el proceso con una sentencia al menos en primera instancia. Con este sencillo acto eliminamos la incertidumbre y el peregrinaje innecesario. Al convertir el proceso en un camino predecible, el ciudadano recupera la confianza. Los sistemas que han recuperado su prestigio no esperaron milagros financieros de las burocracias estatales; al contrario, ordenaron su tiempo, transparentaron su información, digitalizaron sus expedientes y disciplinaron sus decisiones.
Hoy, la justicia boliviana puede dejar de explicarse por lo que le falta y empezar a responder por lo que hace; pues la idea de que la justicia solo puede mejorar con más recursos económicos a lo largo de la historia fue la excusa perfecta para no cambiar nada. La propuesta de una justicia de costo cero no es un sueño quimérico, sino un plan operativo real y práctico basado en la disciplina, la tecnología sencilla y el respeto absoluto al ciudadano que hoy, por desgracia, debe peregrinar por un sistema que le da la espalda. Todo empieza hoy, con una orden simple, una cámara encendida, un teléfono inteligente en la mano del ciudadano y un cambio de hábito que, sin gastar un solo boliviano, tiene el poder de devolverle a la sociedad la esperanza de que, finalmente, el sistema está funcionando para ellos.
(*) Yery Rojas es jurista