“Han elegido a bolivianos que no son dignos de ser llamados jueces y vocales”. La frase corresponde al Ministro Lima, al tiempo que anunciaba, nuevamente, “juicio de responsabilidades” contra los magistrados del Tribunal Supremo, magistrados “electores” de esa treintena de “indignos” vocales departamentales que, finalmente, han quedado sin efecto.

Ese fue el nuevo escandalete judicial de la semana que grafica una crisis que, más bien, no parece tener fondo y cuyo encaramiento no debe postergarse.

La propuesta de Reforma judicial vía Referendo modificatorio de la Constitución, promovido desde la sociedad y la gente, apunta a esa ciénega sin fondo. Como ya se dijo, tres temas están planteados para la Reforma Constitucional: la elección de los jueces supremos para garantizar independencia, el presupuesto judicial y su administración para acabar con la justicia “miserable”, y el acceso universal a la justicia para resolver conflictos sin necesidad de jueces ni abogados.

He conocido tres criterios importantes, ahora que parece iniciarse el debate: El primero, que “si se va a generar todo un Referendo, no sea para poco” ya que el problema de la administración de justicia va más allá del Órgano Judicial, abarcando especialmente al Ministerio Público, al Régimen Penitenciario, la policía de investigaciones y la Defensoría del Pueblo, instituciones necesitadas también urgentemente de Reforma. 

Coincido con la dimensión de la problemática judicial y por eso considero, como otros abogados, que debemos fijar el corto, el mediano y el largo plazo de la Reforma, donde el punto de partida sería una distinta manera de elegir a jueces, un presupuesto digno y una verdadera justicia comunitaria, reformas todas aprobadas por Referendo ciudadano que debe y puede inaugurar bien este largo camino donde, además de la Constitución tienen que reformarse leyes, instituciones, formación académica de los abogados y la propia “cultura pleitista” de los bolivianos. Ello podría dotarnos como país de una estrategia estatal de transformación judicial más allá de los gobiernos, que es una de las carencias centenarias que explican el pantano.

El segundo criterio es más político y por ello más integral. Se considera que “no es este el momento, porque la gente está angustiada por la salud y la economía”, que es lo que habría que atender, también desde la sociedad como demanda, porque tampoco en ese plano se puede esperar nada del Gobierno. 

Coincido en que la pandemia ha cambiado la agenda y las prioridades nacionales, pero el virus ni ha sustituido los problemas, ni su solución aparejará la de las otras problemáticas. Es más, varios expertos consideran que lograda la vacunación masiva, la inmunidad durará entre 7 y 12 meses y después tendrá que volverse a vacunar a todos.

 Tendremos que “acostumbrarnos” al “coronavirus” y a una “nueva normalidad” dónde los problemas viejos, como la justicia, no pueden esperar su encaramiento.

El tercer criterio es más concreto y es el de poner en marcha, de inmediato, dos tareas en relación a la “Reforma-Referendo”: Avanzar en la formulación de la propuesta “técnica” y, al mismo tiempo, iniciar la organización de lo que debería ser una cruzada nacional por la Justicia. Y son dos tareas muy complejas. Por un lado en el Referendo, frente a las urnas, la población debería tener propuestas y preguntas claras, sencillas y profundas, y por el otro se tiene que movilizar primero mas de un millón y medio de firmas y después mas del 51% de los votos. 

Varios abogados de conocida solvencia profesional y personal han comprometido su concurso y algunos núcleos organizados de la sociedad han iniciado coordinación e intercambio de criterios para generar una base organizacional que defina bien la agenda de esa cruzada nacional, con precisión de actores, pasos y momentos que no deberían ir mas allá del primer semestre de 2023, porque en el segundo semestre de ese año deberán producirse nuevas “elecciones” judiciales que, sin Reforma, repetirían la ya vieja práctica de suplantación y manipulación del voto.

Coincido más con este tercer criterio porque a partir de él podemos efectivamente dimensionar mejor la problemática nacional de la justicia y, al mismo tiempo, constatar si es o no el momento en el que la gente, abrumada por la pandemia y las carencias materiales, tiene suficiente energía para batallar, además por la justicia, sabiendo que esa batalla es por la plena vigencia democrática.

Si no lo hacemos, es posible que se vuelvan a nombrar vocales indignos, jueces con prontuario y que los juicios de responsabilidades anunciados se conviertan, otra vez, en acuerdos oscuros de caballeros poco dignos.