La regulación del uso de celulares en las escuelas está avanzando en todo el mundo. En Latinoamérica, en particular, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay tienen disposiciones legales al respecto, y en Argentina hay varias que se aplican en diferentes provincias.
La Unesco propone la “ciudadanía digital”, que establece campañas de educación de cómo usar bien los dispositivos conectados a internet. Lo que se busca actualmente es emprender campañas de educación a los niños y jóvenes para que aprendan a usarlos bien y con responsabilidad, pero para ello los países tienen que tener políticas públicas sólidas de alfabetización en ciudadanía digital.
Los países que tienen regulaciones específicas sobre el uso de celulares en las escuelas adoptan dos tipos de disposición: una, que es disponer la prohibición total del uso de celulares y dispositivos electrónicos en las aulas, recreos y espacios comunes; y la otra, dispone restricciones parciales según determinados lugares u horarios.
Quienes apoyan las restricciones argumentan que el celular dificulta la atención y concentración sostenida en clases. Existiendo disposiciones de prohibición total o parcial, los alumnos y profesores pueden desarrollar las clases y actividades escolares adecuadas a lo que se busca. Porque una verdad de perogrullo es que el uso del celular en clases y en las instalaciones de escuelas y colegios genera ineficacia en los estudios, aunque hay quienes están a favor de que se los utilice porque más bien ayudan en su formación. En la práctica, no es así, y es evidente que generan, de una u otra manera, distorsiones en la enseñanza que perjudican directamente las actividades curriculares escolares, sin ingresar a considerar las clases en aulas universitarias, que también presentan estos tipos de inconvenientes.
Además, se presenta otro problema que afecta el comportamiento de los alumnos: el cyberbullying. El acoso a través de redes sociales busca dañar la moral y causa inconvenientes en la vida personal de quienes lo sufren. Y la prohibición o restricción que pudiera haber dentro de clases, desplaza el problema fuera del aula.
No basta con tener disposiciones que prohíban o restrinjan el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos como las tablets en las instalaciones educativas; también hay que tener políticas educativas profundas. En ausencia de estas, por lo menos es indispensable dictar normas que prohíban o restrinjan su uso en busca de mejorar el aprendizaje de los miles de estudiantes que después manejarán los destinos del país.
(*) Fernando Rodríguez Mendoza es abogado