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La niñez y la juventud recibieron ayer un duro golpe con el anuncio de la clausura del año escolar 2020 desde este lunes 3 de agosto. La falta de acceso universal a internet es una de las razones principales, pero no es la única, la segunda es el sometimiento del Ministerio de Educación a la dirigencia sindical del magisterio, tomada por la política y la mediocridad. Los que pagan la factura son los alumnos que han visto transcurrir un año prácticamente perdido, en el que no se evidenciaron suficientes esfuerzos para dar el salto a la modernidad.

Nadie, en ningún lugar del planeta, estaba preparado para la pandemia del coronavirus. En todo el mundo se suspendieron las clases escolares, pero clausurar el año escolar es una medida que se ha visto en Bolivia. Llegar a este extremo es una decisión asumida por el gobierno nacional, pero en la que tienen participación directa los padres de familia y los docentes del magisterio; es decir, quienes mayor interés debieron demostrar para que no exista un daño tan grande para la niñez y juventud del país.

Fueron pocos los maestros con iniciativa, con verdadero afán para reinventar la educación con los recursos disponibles. La mayoría optó por criticar al Gobierno y atrincherarse en posturas ideológicas y sindicales que llegaron a rayar en lo absurdo, como el hecho de demandar el retorno de los estudiantes a las clases presenciales en pleno pico de contagio en todo el país. La muestra de que otra vía era posible la pusieron docentes meritorios que se capacitaron y accedieron a plataformas para impartir contenidos. Los que no pudieron lograrlo en internet, buscaron radios rurales con el fin de que no se pierda el año. Si ellos pudieron, ¿por qué no pudieron los demás?

Los padres de familia también son responsables, especialmente en el sector privado, porque se atrincheraron en la postura de no pagar pensiones porque sus hijos no estaban haciendo nada. No hubo flexibilidad para llegar a acuerdos con los establecimientos educativos y la factura ahora la pagan los estudiantes.

El Gobierno reaccionó muy tarde ante la realidad. El ministro descalificó los esfuerzos iniciales para impartir contenidos vía internet y sacó la reglamentación de las clases virtuales y a distancia tres meses después de que se suspendiera la presencia de docentes y estudiantes en las aulas. Un mes después, el ministro anunciaba que no habría reprobados, haciendo que los esfuerzos se aplanen.

La suma de todos esos hechos ha permitido el triunfo de la mediocridad. Ganaron los flojos que no se esfuerzan y que no se atreven a salir de la rutina de la formación repetitiva, pero que seguirán cobrando sueldo; ganaron los padres que sintieron la carga de asumir mayor responsabilidad en la formación de sus hijos, culpando de esto al Estado. Perdió el Gobierno la iniciativa y se dejó tomar por los sindicalistas conflictivos y bulliciosos de siempre; sucumbió a las amenazas y tomó la peor de las decisiones.

Ahora, cuando quedan más de cuatro meses que deberían ser de educación, ¿cuál es la alternativa que se les ofrece a los estudiantes? ¿Qué harán los niños y adolescentes sin una guía para seguir aprendiendo? ¿Valió la pena que los padres cuestionen la educación virtual para después perderlo todo como en este momento?

Se ha dicho que lo que resta del año será para dotar de internet a las zonas rurales y eso suena más a promesa que a realidad sobre la base de lo que se ha visto en los primeros siete meses de este año. Lo real es que la educación no es prioridad ni para las autoridades ni para los sindicatos del magisterio. A estas alturas se puede decir que la formación de niños y jóvenes es una tarea tan relegada como estaba relegada la salud hasta antes de la pandemia.

Es lamentable la noticia de la clausura del año escolar. Con esa decisión son más las pérdidas que las ganancias. No se reprobará a los estudiantes, los aplazados son las autoridades nacionales, los maestros y los padres de familia.