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Reintegro contra la informalidad

Pablo Mendieta 18/3/2021 05:00

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Nuestro país tiene uno de los índices de informalidad más altos en el mundo, destacando en Latinoamérica como el más profundo y persistente. En términos específicos, tres de cada cinco bienes y servicios producidos en el país son provistos por el sector informal, donde trabajan ocho de diez empleados.

Según un estudio del Centro Boliviano de Economía (Cebec) elaborado hace un año, encontramos que las microempresas informales no son necesariamente más pequeñas que las legales, por lo menos en industria y en varios casos en comercio.

Desafortunadamente, la informalidad es perjudicial para los propios involucrados. La brecha entre ambas facetas de Bolivia es profunda: los informales reciben en promedio la mitad del salario que el sector formal y no tienen seguridad industrial y social. Este último aspecto fue develado con crudeza en la pandemia, cuando vimos con impotencia la baja cobertura del servicio de salud y sus carencias.

¿A qué se debe que este mal esté tan extendido en Bolivia?

De forma exploratoria hicimos un análisis estadístico para 131 países. Pudimos encontrar que la informalidad en Bolivia está relacionada con la alta carga laboral, pero también con la baja capacidad que tiene el Estado de proveer bienes y servicios, en especial educación.

A nivel general, pudimos también encontrar evidencia que la carga tributaria como también la burocracia impositiva serían determinantes, en especial en el ámbito de informalidad laboral.

Lo anterior implica que si queremos reducir la informalidad de manera estructural, debemos crear una normativa que facilite el empleo, pero proteja a los trabajadores efectivamente, tal cual podría hacerse mediante un seguro de desempleo. De igual forma, además de una carga tributaria razonable se requieren trámites y procedimientos amigables para pagar impuestos.

Estas vías son las más estructurales, pero implican mucho tiempo. Desafortunadamente si no se hace nada, el costo es altísimo. Utilizando un marco de análisis creado por el experto peruano en el tema Norman Loayza, doctor en economía de la Universidad de Harvard e investigador del Banco Mundial, encontramos que, si no se modifica la informalidad, perderíamos en torno a dos puntos porcentuales de crecimiento del PIB hasta 2040.

En términos sencillos: no hacer nada significa que dentro de 20 años tendremos un tercio menos de ingreso por habitante que el que tendríamos si se aplican las políticas correctas. Y si se profundizan políticas restrictivas en el ámbito laboral, el ingreso podría ser hasta un 25% más bajo.

Frente a ello, se requieren enfoques distintos que puedan crear un círculo virtuoso. En el estudio mencionados rescatamos una propuesta que hizo hace unos años la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia: que se pueda devolver una parte de los impuestos a la población. Además, plantea la posibilidad de que los profesionales independientes puedan descontar sus compras.

El aporte de nuestro análisis es que cuantificó los efectos que tendría esta medida. Consideramos que con ella se podría convertir más de medio millón de trabajadores informales en formales, además de aumentar la recaudación tributaria en torno al 15%.

La idea detrás de esta propuesta es sencilla: convertir a los compradores en fiscalizadores tributarios por el incentivo que tienen para pedir facturas por sus compras. Estos incentivos se constituyen en pequeños “empujoncitos” para modificar el comportamiento, muy usados en política pública basada en la economía conductual.

En ese sentido, la Ley 1355 de Reintegro en efectivo del IVA (RE-IVA) aprobada a fines del año pasado es una política adecuada. Es más, sería deseable que pueda ampliarse a más segmentos de la población porque los beneficios son mayores que los costos administrativos y pecuniarios de la devolución.

Sintetizando la columna de la semana pasada y la actual, se debería profundizar la medida del RE-IVA y mitigar los efectos negativos del Impuesto a la Grandes Fortunas por el bien común del país.



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