23 de octubre de 2023, 12:28 PM
23 de octubre de 2023, 12:28 PM

Las instituciones del Estado –a nivel nacional, departamental y municipal– se preparan para trazar sus planes y estrategias para el año 2024. Sin embargo, este proceso se desarrolla en medio de una crisis política que amenaza con obstaculizar la aprobación de presupuestos, leyes y proyectos, y que se origina principalmente en las divisiones internas del partido en función de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo, como en la oposición fragmentada de Comunidad Ciudadana y Creemos.

Esta situación de tensiones y conflictos internos no es ajena a la realidad política actual, ya que ha sido una constante en la presente gestión. No obstante, se prevé que las diferencias se profundicen aún más debido a diversos factores que configuran un escenario complejo. En el 2024, se acerca el período preelectoral, lo que aumentará la presión social agravada por problemas como la escasez de agua y una economía que experimenta un crecimiento modesto.

En este contexto, la Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta la responsabilidad de aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) antes de que concluya la presente gestión, así como leyes relacionadas con el sector petrolero, aprobación de créditos y cuestiones cruciales para viabilizar las elecciones judiciales. Estas decisiones influirán directamente en las asignaciones presupuestarias destinadas a gobernaciones, alcaldías, universidades públicas, y en otros sectores, cada uno con sus propios intereses y demandas.

La presión social comienza a manifestarse, y se refleja en la preocupación de la alcaldesa de El Alto por la demora en la aprobación del PGE, lo que podría llevar a la suspensión de obras distritales. La necesidad de evitar obstáculos en la gestión del presidente Luis Arce se convierte en un tema central, ya que los recursos son compartidos por toda la población.

Los desafíos económicos son una realidad innegable, con una caída de los ingresos estatales, disminución de las exportaciones y la persistente escasez de dólares en el mercado. Cualquier medida de recorte presupuestario podría ser el detonante de protestas sociales y bloqueos de carreteras. Incluso los sectores afines al presidente expresan la necesidad de ajustes, incluyendo reformas para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia gubernamental y reforzar la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. Además, exigen una reforma total del sistema de justicia y la independencia política-partidaria del Tribunal Supremo Electoral.

El 2024, además de ser un año preelectoral, presentará una agenda cargada de desafíos que generarán tensiones entre el Gobierno central y las regiones. Estos desafíos incluyen la realización del Censo, el pedido de revisión del Padrón Electoral y la definición del trazado de una carretera que no afecte los acuíferos cruceños.

La creciente inestabilidad y el descontento popular que podría surgir en Bolivia no sería un fenómeno aislado. La percepción de una democracia participativa debilitada se ha convertido en una preocupación compartida en varios países de América Latina. En este contexto, el gobierno de Arce enfrenta el desafío de obtener el apoyo necesario del MAS, especialmente en la Asamblea Legislativa, para garantizar la gobernanza en la próxima gestión. Al mismo tiempo, es esencial establecer puentes de diálogo y consenso con los diferentes niveles de gobierno y las regiones, fomentando la transparencia y la participación de la sociedad civil y el sector privado para reactivar la economía y reducir las tensiones que parecen estar en aumento debido a las circunstancias ya mencionadas.

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