Opinión

Riesgos en las contrataciones directas

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1 de julio de 2018, 20:58 PM
1 de julio de 2018, 20:58 PM
De 49 contratos gubernamentales revisados por EL

DEBER, 22 no consideraron las licitaciones o invitaciones

públicas, según un reportaje publicado hace

una semana por este diario. El dato llama la atención,

ya que las adjudicaciones directas resultan aceptables

solo si apuntan a atender necesidades urgentes,

cuando hay una burocracia que impide atención y

soluciones rápidas, pero generan desconfianza cuando

son de alguna manera frecuentes, numerosas y

por montos millonarios.

El informe periodístico coloca a los ministerios de Salud

y de Obras Públicas como los que encabezan en

número y en inversión la veintena de contratos para

transacciones directas. Las adjudicaciones se hicieron

desde 2008 por más de 5.400 millones de bolivianos,

según la publicación. El destino ha sido la construcción

de hospitales, casi un millar de ambulancias, máquinas

de hemodiálisis, un instituto cardiológico, algunos

aeropuertos y un par de polideportivos. El ministerio

de Defensa también adquirió directamente aviones

y la Cancillería adjudicó servicios para ceremonias gubernamentales.

Además, no hubo licitaciones públicas

para obras de los Juegos Bolivarianos de Sucre, tampoco

para servicios y dotaciones en los recientes Juegos

Suramericanos de Cochabamba. Ha surgido recientemente

una inquietud también por algunas compras directas

para la nueva Casa Grande del Pueblo.

De acuerdo al artículo 339 de la Constitución Política,

el presidente podrá decretar pagos directos y no

autorizados por la ley del presupuesto únicamente

para atender necesidades impostergables derivadas

de calamidades públicas, de conmoción interna o de

agotamiento de recursos destinados a mantener servicios

cuya paralización causaría graves daños. También

el decreto 181 de administración de bienes y

servicios establece que la contratación directa es para

combustibles, servicios públicos básicos, medios

de comunicación, alquileres de inmuebles, pasajes

aéreos y otros gastos menores.

Por lo tanto, obras y dotaciones millonarias siempre

deberían aprobarse y ejecutarse en el marco de concursos

o licitaciones públicas para garantizar los mejores

precios y evitar favorecimientos a algunas empresas

o grupos con nexos políticos, lo que atenta contra el

principio de transparencia y la institucionalización.

Algunos oficialistas justifican los contratos directos argumentando

que antes de la gestión de Evo Morales

nunca se ejecutaron tantas obras ni en forma tan rápida,

y que en el pasado neoliberal hubo más corrupción

que ahora, pese a las licitaciones. No son razones contundentes

para anular procedimientos o para evitar la

fiscalización de instituciones que apenas se dejan sentir.

Necesitamos un control constante del Legislativo, la

Contraloría y el Viceministerio de Transparencia, al

menos, para evitar la corrupción, que se
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