El célebre jurista italiano Norberto Bobbio –quien fue nombrado senador vitalicio no por haber sido electo en Elecciones Parlamentarias, sino por ser una de las figuras más influyentes de la teoría jurídica del siglo XX– desarrolló la teoría del Estado como garante, la cual tiene como eje principal sostener que la legitimidad del Estado deriva de su capacidad de asegurar condiciones para la convivencia y el acuerdo de la sociedad civil.
Ahora bien, en consideración de la doctrina de Bobbio y llevándola al ámbito jurídico en Bolivia, se puede inferir que el artículo 9 de la Constitución Política del Estado recoge esta idea. En concreto, dicho artículo dispone –entre fines y funciones que debe cumplir el Estado– garantizar el bienestar y seguridad de los habitantes, y también garantizar el cumplimiento de derechos reconocidos en la Constitución.
El 1 de mayo, la cúpula privilegiada y autoritaria de la Central Obrera Boliviana (tan degradada y cooptada por el clientelismo político en los últimos años) inició un paro general indefinido mediante una serie de medidas violentas tales como bloqueos de caminos en el campo y la ciudad, y la agresión física contra la sociedad civil que salía a trabajar. En un inicio, la demanda de los bloqueadores estaba enfocada en la abrogación de la Ley N° 1720, la cual permitía la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias a medianas, esto con el fin de permitir a los pequeños productores el acceso a créditos usando sus tierras como garantía. Finalmente, el Gobierno accedió y esta norma fue abrogada.
Pese a que su demanda fue atendida, los bloqueos continuaron con un recrudecimiento de la violencia, incluso llegando a agredir a personal de salud de las ambulancias y a pacientes y familiares de los mismos bajo un contexto de negativa intransigente e inhumana de no permitir la atención de urgencias médicas. Posteriormente, se activó un «cerco» contra la ciudad de La Paz como medida extrema para pedir la renuncia del presidente. No se trata de una práctica nueva, ya en la primera mitad del siglo XX, el genocida chino Mao Tse Tung usaba esta oscura técnica consistente en rodear una ciudad para impedir el ingreso de alimentos, combustible y bienes esenciales (como medicinas, por ejemplo).
Los niveles de violencia política, intolerancia e indolencia de los bloqueadores transgreden los derechos y libertades mínimas de la sociedad civil boliviana. A causa de los bloqueos extendidos en el país y el «cerco» a La Paz, se han lamentado pérdidas de vidas y también cuantiosas pérdidas materiales que han paralizado al aparato productivo. Mientras estos hechos flagrantes suceden, el Gobierno apenas se limita a señalar la importancia del diálogo.
El Órgano Ejecutivo no está cumpliendo los fallos de tribunales de garantías constitucionales que ya determinaron que los bloqueos son vulneradores de derechos fundamentales como ser el libre tránsito, la salud y la seguridad alimentaria. Tampoco el Ejecutivo está considerando la voluntad democrática de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual recientemente abrogó la Ley N° 1341 de Estados de Excepción, pero el Gobierno aún no toma la decisión de activar dicho estado para poner orden, y así se prolonga esta triste agonía.
En consideración de esta dramática situación que conlleva la grave vulneración a los derechos y garantías de millones de personas, le corresponde al gobierno dejar de lado la falta de determinación y asumir su rol de garante procediendo conforme a los mecanismos que le Constitución señala en lugar de su temor reverencial a estos grupos de choque. Su «derecho a la protesta» no implica socavar la vida, la integridad personal, la libertad de movimiento, el acceso a la salud y a la educación de las mayorías. El Gobierno debe actuar como garante y asegurar la pacifica convivencia de la sociedad boliviana.